A tan solo un día de su aprobación en el Senado de la República, la reforma judicial ha recibido el respaldo de 18 congresos estatales, completando así uno de los pasos clave para su formalización. La reforma, que ya había sido aprobada por mayoría calificada en la Cámara Alta y en la Cámara de Diputados, necesitaba el visto bueno de al menos 17 legislaturas locales para ser oficializada por el Ejecutivo federal. Con 18 aprobaciones, el proceso está ahora cerca de concluir.
El Congreso de Oaxaca lideró el camino al aprobar la reforma en una sesión extraordinaria, con un consenso unánime que resultó en la expulsión de Natividad Díaz del Partido Acción Nacional. En Colima, la reforma fue respaldada por 18 votos a favor y cinco en contra, a pesar de las protestas en el estado.
En Tabasco, la reforma se aprobó con 24 votos a favor después de una sesión extraordinaria centrada en la elección popular de jueces. Veracruz también mostró apoyo con 32 votos a favor y 11 en contra.
Quintana Roo, Baja California Sur, Yucatán, Nayarit y Baja California también aprobaron la reforma, aunque en algunos estados el proceso fue marcado por protestas y sesiones extraordinarias. En Nayarit, la sesión continuó de manera virtual debido a la toma de las instalaciones por manifestantes, resultando en 24 votos a favor y seis en contra.
Durango, Puebla, Sinaloa, Campeche, Tlaxcala, Morelos, Tamaulipas, Guerrero y Zacatecas completaron el respaldo a la reforma. En cada estado, la aprobación varió en términos de votos a favor y en contra, con Guerrero destacando por una aprobación en la madrugada del jueves con 33 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.
La reforma al Poder Judicial propone modificaciones significativas: la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros,
la reducción del número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9, y la disminución del período de mandato de 15 a 12 años. Además, se introducen cambios en 18 artículos de la Constitución, se adicionan seis y se derogan diversas fracciones de cinco artículos.
Este proceso de reforma, que debe completarse para las elecciones de 2027, marca un hito en la reestructuración del Poder Judicial, buscando una mayor transparencia y representatividad en el sistema judicial del país.
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