Washington, D.C., 14 de abril de 2025.- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de El Salvador, Nayib Bukele, sostendrán este lunes una reunión bilateral en la Casa Blanca, en un contexto marcado por fuertes críticas y demandas legales derivadas de un acuerdo entre ambos países para enviar a presuntos pandilleros deportados desde EE.UU. a la megaprisión salvadoreña conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La prisión, denunciada por organizaciones internacionales por violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas y muertes no esclarecidas, ha sido el destino de cientos de migrantes, muchos de ellos venezolanos, trasladados sin debido proceso.
El pasado sábado, el gobierno de Trump anunció el envío de 10 personas más a CECOT, a pesar de una orden de la Corte Suprema que exige notificar a los detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 sobre su expulsión y garantizarles acceso a recursos legales, como el hábeas corpus, antes de cualquier deportación. Este traslado, según el secretario de Estado, Marco Rubio, evidencia la “alianza ejemplar” entre Trump y Bukele para promover la “seguridad y prosperidad” en el hemisferio. Por su parte, el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, reveló que los deportados llegaron desde la prisión estadounidense de Guantánamo, inicialmente considerada por la administración Trump para detener a migrantes acusados, sin pruebas, de pertenecer a pandillas.
Casos emblemáticos y acusaciones sin evidencia
Entre los casos que han generado mayor controversia está el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado “por error administrativo” a pesar de contar con una orden de protección contra la expulsión desde 2019. Abrego García, cuya esposa Jennifer Vásquez Sura y su hija de cinco años son ciudadanas estadounidenses, fue acusado sin pruebas de ser pandillero. La Corte Suprema ordenó el viernes al gobierno de Trump trabajar para su regreso, pero hasta ahora solo se ha confirmado que está “vivo” en CECOT, sin aclarar cómo se cumplirá la orden judicial.
Otros casos han puesto en evidencia los criterios cuestionables utilizados por la administración Trump para etiquetar a migrantes como miembros de pandillas como Tren de Aragua o MS-13. Por ejemplo, el maquillista venezolano Andry Hernández, quien buscaba asilo en EE.UU. por temor a persecución en su país debido a su orientación sexual, fue deportado tras ser señalado como pandillero solo por tener tatuajes de coronas, un símbolo que expertos aseguran no está asociado con Tren de Aragua. Asimismo, se han reportado acusaciones basadas en el uso de ropa con el logo de Michael Jordan, lo que ha sido criticado como arbitrario.
Denuncias de violaciones al debido proceso
Las deportaciones al CECOT han desatado una ola de demandas en tribunales estadounidenses, que señalan la falta de debido proceso para los afectados, muchos de los cuales no han tenido acceso a un tribunal migratorio. Las familias de los deportados reportan que sus seres queridos están incomunicados, sin información sobre su estado o situación legal. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que CECOT opera bajo condiciones inhumanas, con hacinamiento, falta de atención médica y reportes de torturas sistemáticas.
La administración Trump ha justificado estas acciones invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 diseñada para tiempos de guerra o invasión militar, argumentando que la migración de presuntos pandilleros constituye una amenaza equivalente. Sin embargo, la Corte Suprema ha aclarado que incluso bajo esta ley, los detenidos tienen derecho a notificación y acceso a recursos legales, un mandato que, según críticos, el gobierno ha ignorado.
Un acuerdo bajo escrutinio
El encuentro entre Trump y Bukele se produce en un momento en que el acuerdo para utilizar CECOT como destino de deportados enfrenta cuestionamientos legales y éticos. Mientras Bukele ha promovido la prisión como un símbolo de su lucha contra el crimen, recibiendo elogios de figuras como Rubio, las denuncias de abusos y la falta de transparencia han generado preocupación internacional. En EE.UU., casos como el de Abrego García han avivado el debate sobre la legitimidad de estas políticas migratorias y el impacto en familias separadas por acusaciones no comprobadas.
La reunión de este lunes se perfila como un intento de reforzar la alianza entre ambos líderes, pero también como un punto de inflexión para determinar si la administración Trump ajustará su estrategia frente a las crecientes presiones legales y humanitarias. Por ahora, las familias de los deportados, como la de Andry Hernández y Kilmar Abrego García, siguen exigiendo justicia y claridad sobre el destino de sus seres queridos en la polémica megaprisión salvadoreña.
Imágen cortesía: CNN
