El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que planea recurrir a las Fuerzas Armadas y declarar una emergencia nacional para implementar su controvertido plan de deportación masiva de migrantes indocumentados. La medida, que le otorgaría poderes extraordinarios, fue confirmada por el propio Trump en su red social, Truth Social, el lunes pasado, en respuesta a una publicación del activista conservador Tom Fitton, quien había anticipado el uso de activos militares para llevar a cabo la política de deportaciones.
Trump ha reiterado en diversas ocasiones durante su campaña electoral que la deportación masiva de migrantes indocumentados sería una de sus prioridades. Aunque la campaña del presidente electo aún no ha detallado públicamente cómo se ejecutarán estas deportaciones, el uso de la Ley de Emergencias Nacionales de 1976 sería clave para este plan. Esta legislación permite al presidente declarar una emergencia nacional y tomar decisiones unilaterales ante lo que se considera una amenaza a la seguridad nacional, sin la necesidad de aprobación del Congreso.
Este tipo de medidas no es nuevo para Trump, quien ya utilizó la Ley de Emergencias Nacionales en 2019, al declarar una emergencia para redirigir fondos del Pentágono hacia la construcción del muro fronterizo con México, una acción que fue impugnada en los tribunales.
En su campaña, Trump también ha prometido movilizar a la Guardia Nacional y reubicar tropas de Estados Unidos desde el extranjero para reforzar la vigilancia en la frontera sur. La propuesta de usar a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de inmigración ha sido altamente controversial, ya que la legislación estadounidense prohíbe el uso del Ejército para funciones de seguridad interna, como la vigilancia fronteriza.
Las consecuencias de estas políticas podrían ser significativas. En Estados Unidos se estima que existen alrededor de 11 millones de migrantes indocumentados, muchos de los cuales tienen familia y miembros que son ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con la organización America’s Voice, este plan de deportaciones podría afectar a más de 20 millones de personas.
Además, expertos advierten que las deportaciones masivas podrían tener un alto costo económico, con estimaciones que sugieren que el proceso podría costar miles de millones de dólares anuales. Sectores clave de la economía estadounidense, como la agricultura y los servicios, dependen en gran medida de la mano de obra de migrantes indocumentados, por lo que una gran deportación podría generar una escasez de trabajadores en estas áreas.
A medida que se acercan los primeros días de su mandato, Trump continúa avanzando en su agenda de inmigración, generando un debate nacional sobre las implicaciones legales, sociales y económicas de sus propuestas.
