Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una Orden Ejecutiva que suspende el acceso a la frontera sur para inmigrantes indocumentados, calificando el flujo de personas como una “invasión”. La medida, anunciada por la Casa Blanca, tiene como objetivo “proteger a los estados y al pueblo estadounidense” de lo que el presidente considera una amenaza para la seguridad y el bienestar del país.
Bajo la proclamación titulada *”Donald J. Trump protege a los estados y al pueblo estadounidense cerrando la frontera a los ilegales mediante una proclama”*, Trump autoriza el cierre de la frontera sur y la suspensión de la entrada física de extranjeros que, según su interpretación, están participando en una invasión del territorio estadounidense. La acción se produce en un contexto de duras críticas al gobierno del expresidente Joe Biden, a quien Trump ha señalado por permitir la entrada masiva de migrantes indocumentados y no tomar medidas suficientes para proteger las comunidades en la frontera.
En el comunicado oficial emitido por la Casa Blanca, se destaca que Trump, en ejercicio de su autoridad constitucional y en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ha ordenado a varias agencias federales, incluidos el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, que tomen todas las medidas necesarias para “repeler, repatriar y expulsar inmediatamente” a los inmigrantes que ingresen ilegalmente al país a través de la frontera sur.
Una de las disposiciones más relevantes de la orden ejecutiva es la restricción del acceso a las leyes de inmigración, como el derecho de asilo, que en el pasado ha permitido a muchos solicitantes de refugio ingresar al país. Esta medida se fundamenta en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración, la cual otorga al presidente de Estados Unidos la autoridad para suspender la entrada de extranjeros cuya presencia en el país se considere “perjudicial” para los intereses nacionales.
El texto oficial también hace referencia a la aplicación de la 212(f) en el contexto de la salud pública, similar a lo que ocurrió durante la administración de Trump entre 2017 y 2021, cuando se implementó el Título 42 como respuesta a la pandemia de COVID-19. En ese entonces, el gobierno utilizó esta disposición para impedir la entrada de migrantes citando razones de salud pública, particularmente la preocupación por la propagación de enfermedades contagiosas.
La decisión del presidente Trump ha generado controversia, con organizaciones de derechos humanos y líderes demócratas denunciando que la medida es una violación de los derechos de los migrantes y una ampliación de políticas restrictivas que ya habían sido implementadas durante su primer mandato. Por su parte, los partidarios del presidente defienden la medida como una acción necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y controlar lo que consideran una crisis migratoria en la frontera sur.
El futuro de esta medida y su impacto en la política migratoria de Estados Unidos aún está por verse, ya que se esperan desafíos legales y debates intensos en torno a su constitucionalidad y efectividad.
FOTO CORTESÍA: LOS ANGELES TIMES
