El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que tiene como objetivo modificar la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, la cual establece que cualquier persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía, sin importar el estatus migratorio de sus padres. La medida busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados.
La orden ejecutiva, que solo aplicaría a nacimientos futuros, fue anunciada en una rueda de prensa por un miembro del equipo de Trump antes de su toma de posesión. Con esta decisión, se pretende que los niños nacidos de padres indocumentados no sean reconocidos como ciudadanos, lo que afectaría su acceso a servicios esenciales y derechos básicos, incluidos la obtención de pasaportes por parte del Departamento de Estado y la posibilidad de trabajar legalmente a través de la Administración de la Seguridad Social.
La eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una de las demandas más repetidas por grupos conservadores en Estados Unidos, que han abogado por la reforma del sistema migratorio en el país. Aunque Trump ya había amenazado con tomar medidas para revocar este derecho durante su primer mandato, la firma de la orden ejecutiva marca un paso concreto hacia su implementación.
Según el gobierno, esta medida no afectaría a las personas nacidas hasta la fecha, pero sí podría transformar profundamente las dinámicas de inmigración en el futuro. La Casa Blanca no ha detallado aún los procedimientos específicos para poner en práctica la orden, lo que ha dejado abierta la posibilidad de que la medida enfrente desafíos legales en los tribunales, especialmente considerando que muchos expertos la consideran inconstitucional, dado que la Enmienda 14 fue diseñada para garantizar la ciudadanía a todos los nacidos en Estados Unidos, incluidos los hijos de inmigrantes.
Esta decisión se produce en el marco de una política migratoria que ha sido objeto de amplios debates en Estados Unidos, y se espera que provoque reacciones tanto dentro como fuera del país. Activistas de derechos civiles y organizaciones proinmigrantes ya han expresado su oposición a la medida, argumentando que esta es una violación de los principios fundamentales de igualdad y justicia que defiende la Constitución estadounidense.
El impacto de esta orden podría ser amplio, ya que afectaría a miles de niños nacidos en el país de padres indocumentados, poniendo en duda su estatus legal y su acceso a servicios básicos como la educación y la atención médica. Los próximos días serán claves para determinar cómo avanza la implementación de esta orden y cuáles serán las respuestas legales y sociales ante esta medida controversial.
