A partir de este viernes, los hospitales públicos en Texas comenzarán a preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio, en cumplimiento de una orden del gobernador Greg Abbott. Esta medida busca recopilar información sobre el costo de la atención médica proporcionada a migrantes indocumentados, con la intención de solicitar reembolsos al Gobierno Federal por estos gastos.
La nueva normativa no impide que los hospitales brinden atención a migrantes sin estatus legal, pero sí requiere que los centros de salud reporten la carga económica que esto representa. El primer informe debe ser entregado en marzo del próximo año. Con esta medida, Texas se suma a Florida, que desde el año pasado ya implementa un sistema similar, aunque los datos indican que la atención a indocumentados en ese estado es mínima, representando menos del 1 por ciento de las visitas a salas de emergencia.
Los pacientes no están obligados a responder sobre su estatus migratorio, y los hospitales deben continuar proporcionando atención, conforme a la ley federal que garantiza la estabilización de emergencia a todos los pacientes. La orden ejecutiva de Abbott, emitida en agosto, señala que la información solicitada no afectará la atención recibida.
El gobernador ha expresado que “los tejanos no deberían tener que soportar la carga de apoyar económicamente la atención médica de los migrantes ilegales”. La Asociación de Hospitales de Texas ha enfatizado que esta orden no alterará los servicios que se brindan a la comunidad, según informó el diario “The Texas Tribune”.
En contraste con Texas, Florida ha establecido que las respuestas sobre el estatus migratorio no resultarán en informes a las autoridades de inmigración, una cláusula que no está contemplada en la normativa de Texas.
