La semana pasada, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó una legislación que ahora se encuentra en el Senado para su debate y votación. Esta medida, conocida como H.R. 6976, elaborada por los republicanos, tiene como objetivo agilizar el proceso de deportación de cientos, posiblemente miles, de extranjeros, tanto documentados como indocumentados.
La mencionada iniciativa busca expulsar del país a aquellos extranjeros que hayan conducido bajo los efectos del alcohol o drogas, una infracción grave conocida como “Driving Under the Influence” (DUI). El proyecto fue respaldado por 274 votos a favor y 150 en contra en la Cámara de Representantes, con 59 votos provenientes de la bancada demócrata.
El proyecto de ley establece que, para que un extranjero sea sujeto a deportación por DUI, es necesario que haya sido condenado por este delito, considerado una falta grave en términos de inmigración. La propuesta sugiere enmendar una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para declarar inadmisibles y deportables a los extranjeros condenados por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.
Esta legislación, denominada “Ley para proteger a nuestras comunidades contra los DUI”, busca modificar la sección 212 relacionada con la inadmisibilidad y deportaciones. Establece que cualquier extranjero condenado por DUI, según la definición de la ley en la jurisdicción donde se produjo la condena, sería deportable, independientemente de la clasificación de la condena como delito menor o grave según las leyes federales, estatales, tribales o locales.
En Florida, donde ya se considera una falta grave conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, la aprobación de esta ley republicana no sería necesaria para endurecer las sanciones. La exfiscal de inmigración Rebeca Sánchez-Roig destaca que las consecuencias pueden ser especialmente graves para los no ciudadanos estadounidenses, incluyendo aquellos con visas de turistas o en proceso de ciudadanía.
La condena por DUI queda registrada en documentos públicos, accesibles para empleadores, propietarios, prestamistas, vecinos y familiares, lo que puede tener impactos significativos en la vida de la persona. Sánchez-Roig señala que las “consecuencias colaterales” del DUI, como las implicaciones migratorias, son consideradas en el ámbito legal.
Además, la ley propuesta tendría un impacto directo en los “Dreamers” protegidos por DACA, ya que un DUI los descalificaría de inmediato. Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Diego, enfatiza la gravedad del DUI, no solo en el ámbito legal, sino también en la evaluación de solicitudes de visa en los consulados de Estados Unidos.
En resumen, la legislación H.R. 6976 busca facilitar la deportación de extranjeros condenados por DUI, presentando consecuencias significativas tanto en el ámbito legal como en la vida cotidiana de los individuos afectados.
