Este martes 10 de septiembre, el Pleno del Senado de la República da inicio a la discusión de la propuesta de reforma al Poder Judicial, que se centra en la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. La primera lectura del dictamen comenzará a las 11:00 h, marcando el inicio de un proceso legislativo que se anticipa prolongado y complejo.
Se espera que los debates sobre la reforma también comiencen esta misma tarde, aunque la sesión podría posponerse para el miércoles por la mañana si no se llevan a cabo hoy. Los legisladores calculan que el debate podría extenderse hasta 30 horas.
Para que la reforma sea aprobada, la coalición oficialista, compuesta por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), necesita alcanzar una mayoría calificada de 86 votos. Sin embargo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, generó controversia al sugerir que 85 votos podrían ser suficientes, lo que ha suscitado críticas por parte de la oposición.
El oficialismo se encuentra a un voto de alcanzar esta mayoría calificada, mientras que la oposición ha denunciado presiones sobre sus legisladores para apoyar la reforma. Uno de los senadores en el centro de la controversia es el panista Miguel Ángel Yunes, quien aún no ha confirmado su postura. Guadalupe Murguía, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, ha instado a Yunes a definir su posición, destacando la falta de comunicación desde el 8 de septiembre.
Fuera del Senado, las protestas se han intensificado. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en paro desde hace casi un mes, se han congregado en las inmediaciones de la Cámara Alta para exigir el rechazo de la reforma. Las manifestaciones han sido acompañadas por advertencias de organismos internacionales, como la ONU y la International Chamber of Commerce, así como por preocupaciones de calificadoras y entidades financieras, sobre los posibles impactos negativos en la inversión y los tratados comerciales.
La reforma propuesta incluye la reducción de ministros en la Suprema Corte de 11 a 9, una disminución en el mandato de los ministros de 15 a 12 años, y dos rondas de elecciones para renovar el Poder Judicial, con la primera en junio de 2025 y la segunda en 2027. Además, se propone eliminar la pensión vitalicia para los ministros de la Corte y ajustar sus remuneraciones al nivel máximo establecido para el presidente de México. La reforma también contempla la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevas instituciones, además de eliminar las dos salas actuales de la Suprema Corte.
Si la reforma no es aprobada, sería una importante derrota legislativa para el presidente Andrés Manuel López Obrador, justo cuando su mandato se aproxima a su fin.
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