El Senado de Estados Unidos ha presentado un sólido proyecto de ley bipartidista sobre control fronterizo, que algunos políticos y grupos proinmigrantes critican como un retorno a la fallida política migratoria del expresidente Donald Trump (2017-2021).
Este proyecto busca asegurar recursos para Ucrania e Israel, temas aparentemente no vinculados a la migración, al tiempo que otorga al presidente Joe Biden la capacidad de cerrar efectivamente la frontera en situaciones de elevado cruce.
A pesar de ello, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ya ha expresado su oposición y anticipa que la propuesta estará “muerta” al llegar a esa cámara.
La iniciativa asigna 20.300 millones de dólares para abordar la crisis migratoria, incluyendo la autorización para la expulsión de extranjeros cuando el cruce fronterizo supere los umbrales diarios establecidos.
El plan, concebido por los senadores James Lankford, Chris Murphy y Kyrsten Sinema, republicano, demócrata e independiente, respectivamente, forma parte de un programa global de 118.280 millones de dólares, que incluye 60.060 millones para asistencia a Ucrania y 14.100 millones para ayuda a Israel.
Se requiere el respaldo de 60 senadores en un voto de procedimiento programado para el miércoles. Claves del proyecto:
– Pone fin a la práctica de “detención y liberación”, donde los migrantes indocumentados que solicitan asilo son liberados mientras esperan una audiencia ante un juez de migración.
– Autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a suspender los ingresos de migrantes cuando las detenciones diarias superen el promedio de 4 mil en una semana.
– Establece que si la cifra supera el promedio diario de 5 mil ingresos durante una semana o el umbral de 8.500 en un día, el DHS deberá aplicar la expulsión de migrantes.
– Limita la autoridad para la expulsión de migrantes a 270 días durante el primer año, 225 días en el segundo y 180 días en el tercero.
– Asigna 650 millones de dólares para construcción o mejora de barreras físicas en la frontera y aumenta la capacidad para alojar migrantes detenidos.
– Destina 4.000 millones de dólares para contratación de personal dedicado al procesamiento de pedidos de asilo.
– Establece criterios más estrictos para la aprobación del asilo, exigiendo a los migrantes demostrar una posibilidad razonable durante la entrevista inicial.
– Acelera el proceso de pedidos de asilo, limitándolo a seis meses.
– Procesa expeditamente a los migrantes detenidos fuera de los puertos de ingreso, con audiencias iniciales en 10 a 15 días.
– Limita la autoridad presidencial en la concesión de amparos migratorios temporales humanitarios.
– Asigna 1.400 millones de dólares para albergues y programas en áreas con alta recepción de migrantes, y autoriza 50.000 visas para migración laboral y familiar en cada uno de los próximos cinco años.
