El plan contempla castigos a países que se nieguen a aceptar a migrantes deportados por Estados Unidos
El ambicioso proyecto de deportaciones masivas prometido por Donald Trump enfrenta un desafío crucial: ¿cómo obligará a otros países a aceptar a los migrantes que Estados Unidos expulse? La respuesta parece estar en una herramienta legal que otorgaría al futuro secretario de Seguridad Nacional poderes extraordinarios para presionar a las naciones renuentes.
El llamado Proyecto 2025, revelado recientemente, detalla la estrategia que podría utilizar la administración Trump para superar este obstáculo. Entre sus propuestas está la posibilidad de imponer sanciones económicas y diplomáticas a los países que se resistan a recibir a sus ciudadanos deportados. Estas medidas incluirían la suspensión de visas, restricciones comerciales y otras penalizaciones diseñadas para garantizar la cooperación internacional.
La estructura del operativo
Aunque los detalles del plan aún son escasos, Tom Homan, nominado por Trump como el posible “zar de la frontera”, ha adelantado que el operativo movilizará recursos federales, estatales y locales. El plan incluiría la participación de agentes federales de inmigración, policías locales y tropas del Ejército, estas últimas en funciones de apoyo logístico, como el traslado de detenidos, la construcción de campamentos temporales y la vigilancia en las fronteras.
Stephen Miller, nominado como subdirector de política de la Casa Blanca, y Russell Vought, quien lideraría la Oficina de Administración y Presupuesto, también han sido figuras clave en el diseño de este plan. Sin embargo, hasta ahora no han ofrecido respuestas claras sobre cómo enfrentarán la resistencia de otros países, un tema que podría generar tensiones diplomáticas significativas.
Un arma legal poderosa
En el centro de esta estrategia se encuentra una disposición que permite al secretario de Seguridad Nacional penalizar a las naciones que no cooperen con las políticas migratorias de Estados Unidos. Esta herramienta, vigente desde hace años pero pocas veces utilizada, podría convertirse en el principal instrumento para obligar a la aceptación de deportados, incluso en contra de la voluntad de los gobiernos extranjeros.
Preguntas sin respuesta
A pesar de las declaraciones preliminares, quedan dudas importantes: ¿cómo se manejarán las posibles represalias de los países afectados? ¿Qué impacto tendrá el uso de estas medidas en las relaciones bilaterales y en el comercio internacional? Y, sobre todo, ¿qué papel jugará el Congreso en la aprobación y supervisión de un plan de esta magnitud?
Con menos de un mes desde las elecciones, el Proyecto 2025 parece ser la piedra angular de la política migratoria de Trump, pero su implementación podría enfrentarse a obstáculos legales, diplomáticos y logísticos que pondrán a prueba su viabilidad.
Imágen Cortesía: Agencia EFE
