La reforma al Poder Judicial en México ha escalado hasta la Cámara de Representantes de Estados Unidos, generando preocupación entre legisladores y especialistas. El republicano Michael McCaul expresó su inquietud por las iniciativas presentadas en febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtiendo que podrían “echar por tierra años de progreso económico y construcción de alianzas” al erosionar la democracia en el país.
En una sesión reciente, McCaul instó al gobierno mexicano a reconsiderar estas reformas, señalando que su implementación podría afectar negativamente la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026.
En México, expertos también alertan sobre los posibles impactos económicos. Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, advirtió que la reforma podría hacer que México sea considerado una “economía de no mercado” debido a la injerencia estatal en la regulación y el control del ecosistema de negocios. Esta situación podría afectar la relación de México con el T-MEC, que restringe las relaciones con economías de este tipo.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, explicó que la reforma podría violar tres capítulos del T-MEC: el 14 sobre inversiones, el 23 sobre temas laborales y el 27 sobre políticas anticorrupción. Estos capítulos requieren tribunales independientes e imparciales, algo que la reforma, al proponer la elección en urnas de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no garantizaría. Campos destacó que este mecanismo podría abrir la puerta a influencias externas y presiones indebidas, como las del crimen organizado.
Campos también subrayó el alto costo de las elecciones judiciales, mencionando que la elección de 41 jueces estatales en EE.UU. en 2021 costó casi 100 millones de dólares, mientras que en México se propone la elección de casi 7,000 juzgadores.
La creciente preocupación en EE.UU. y las alertas de expertos en México subrayan la necesidad de un debate más profundo sobre las implicaciones de la reforma al Poder Judicial para la estabilidad económica y las relaciones internacionales de México.
