El Parlamento Europeo ha ratificado la histórica ley de inteligencia artificial, fruto de un acuerdo alcanzado por las instituciones comunitarias en diciembre pasado. Este hito marca la primera regulación global y vinculante de su tipo en el mundo. Con este paso crucial, la Unión Europea avanza hacia la aprobación definitiva de esta legislación pionera.
Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, expresó su gratitud por el contundente respaldo del Parlamento Europeo a la ley de inteligencia artificial. Calificándola como un referente global para la fiabilidad en este ámbito, Breton destacó la importancia del enfoque equilibrado de la normativa.
Con una votación de 523 a favor, 46 en contra y 49 abstenciones, el Parlamento Europeo respaldó el acuerdo alcanzado previamente por representantes de las tres instituciones comunitarias. Este acuerdo, pendiente del visto bueno del pleno parlamentario, se espera que sea aprobado definitivamente en las próximas semanas, aunque su implementación completa está programada para 2026.
La ley de inteligencia artificial establece criterios para regular el uso de esta tecnología en función de su riesgo potencial para los ciudadanos. La Unión Europea busca liderar en este campo, dando ejemplo al resto del mundo y fortaleciendo la industria europea frente a competidores como Estados Unidos y China.
Entre sus disposiciones, la legislación prohíbe la vigilancia masiva en espacios públicos, aunque permite el uso de cámaras de identificación biométrica por parte de las fuerzas del orden con autorización judicial para prevenir amenazas terroristas. También autoriza su empleo en la persecución de delitos graves, como el terrorismo, el tráfico de personas, la explotación sexual y crímenes medioambientales.
Además, la normativa impone obligaciones a los sistemas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT de OpenAI o Bard de Google. Estos sistemas deberán identificar claramente si los contenidos generados han sido producidos por inteligencia artificial y asegurar el respeto a los derechos de autor en los datos utilizados para su entrenamiento.
Se identifican categorías de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, sujetos a requisitos especiales para su comercialización, como aquellos que puedan influir en procesos electorales o en la evaluación crediticia de clientes por parte de entidades financieras.
La ley también contempla la creación de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, encargada de coordinar el uso de esta tecnología entre las autoridades nacionales y asesorada por un panel de científicos y organizaciones de la sociedad civil.