Un amplio operativo conjunto entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Pública de Texas se desplegó la tarde del miércoles en las instalaciones de la empresa Arroyo Terminals, ubicada en Río Hondo, como parte de una investigación federal que ha sacudido al sector energético del sur del estado.
Aunque el FBI confirmó su presencia en el lugar, la agencia federal se abstuvo de proporcionar más detalles sobre el procedimiento en curso. Sin embargo, documentos judiciales revelan que un Gran Jurado ha emitido una acusación formal contra cuatro personas vinculadas directamente a la compañía, entre ellos su propietario, James Lael Jensen.
Los otros implicados son Maxwell “Max” Sterling Jensen, Kelly Anne Jensen y Zachary Golden Jensen, todos señalados por su presunta participación en una compleja red de operaciones ilícitas que incluiría lavado de dinero, contrabando y fraude en la importación de petróleo.
De acuerdo con la acusación, los involucrados habrían facilitado el ingreso de mercancía al país mediante documentos falsificados, específicamente en 2,881 cargamentos de crudo. Además, se les imputa el uso del sistema financiero para movilizar fondos derivados de estas actividades, con transacciones que, en algunos casos, superan los 10 mil dólares.
El documento también indica que, de ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar la confiscación de activos valorados en unos 300 millones de dólares. Entre los bienes identificados se encuentran cuentas bancarias en Wells Fargo y Bank of America, varias embarcaciones, vehículos de alta gama —incluidos un Corvette Stingray 2023 y un Mercedes-Benz del mismo año—, además de una propiedad situada en el 21076 de la carretera Reynolds, donde opera la empresa investigada.
Los cargos formales incluyen conspiración para lavar dinero, contrabando de mercancías, uso de documentación falsa para importaciones, y transacciones con fondos de origen ilícito.
Mientras las autoridades federales continúan con las indagatorias, el caso ha encendido alertas sobre la posible existencia de redes similares en el sector energético regional, lo que podría derivar en nuevas acciones legales en los próximos días.
