La administración del expresidente Donald Trump ha generado una nueva polémica en materia migratoria tras darse a conocer que más de 6 mil migrantes, en su mayoría de origen latinoamericano, fueron registrados en la base de datos federal de personas fallecidas, bloqueando con ello su acceso a empleo legal y a cualquier tipo de beneficio social en Estados Unidos.
Según reportes publicados por The Washington Post, la medida fue instruida por Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional, como parte de una estrategia más amplia para presionar a los migrantes indocumentados a abandonar el país por su cuenta.
La controvertida acción se apoya en dos memorandos internos firmados esta semana, los cuales autorizan a la Administración del Seguro Social a incluir en su base de defunciones a personas vivas bajo el argumento de “razones de seguridad nacional”.
Entre los afectados se encuentran migrantes que en algún momento tuvieron un estatus legal pero lo perdieron, así como quienes ingresaron al país bajo programas implementados durante la administración de Joe Biden (2021–2025) y que actualmente han expirado. Algunas de las personas incluidas también figuran en listas de vigilancia del FBI, según funcionarios consultados por el medio estadounidense.
“El presidente Trump prometió deportaciones masivas y, al eliminar el incentivo monetario para que los migrantes indocumentados vengan y se queden, los animaremos a autodeportarse”, afirmó en un comunicado Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca, al justificar la medida.
El plan de Trump también contempla la revocación de permisos migratorios emitidos durante el gobierno anterior, una aplicación móvil para que los migrantes soliciten voluntariamente su salida del país, y hasta el traslado a cárceles de alta seguridad en El Salvador de personas acusadas de tener vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, voces críticas dentro de la propia administración han comenzado a cuestionar la legalidad de esta estrategia. Funcionarios del Seguro Social, según el reporte, han advertido que incluir a personas vivas en registros oficiales de defunción podría violar leyes de privacidad y representar un uso indebido de información federal.
La política migratoria del expresidente Trump, caracterizada por su dureza y medidas sin precedentes, vuelve así a encender el debate sobre los límites legales y éticos en la gestión migratoria de Estados Unidos.
