La Unión de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos (UFW) y cinco inmigrantes del condado de Kern presentaron este jueves una demanda contra la Patrulla Fronteriza por una redada llevada a cabo en enero en una zona agrícola de California, a más de 480 kilómetros de la frontera con México.
La querella denuncia discriminación contra latinos, maltrato, abusos y coacción para que algunos migrantes aceptaran la deportación a México. La demanda califica como “ilegales” las redadas realizadas en el Valle Central, donde decenas de inmigrantes fueron detenidos.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza, que normalmente operan en la frontera entre EE.UU. y México, viajaron hasta Bakersfield, al norte de Los Ángeles, para realizar la operación, lo que según los demandantes excede su jurisdicción. Estas búsquedas sin orden judicial suelen realizarse dentro de 160 kilómetros de una frontera o vía marítima, pero Bakersfield está fuera de ese rango.
Durante una semana, la Patrulla Fronteriza realizó operativos en áreas predominantemente latinas del condado de Kern, donde presuntamente detuvieron a personas sin verificar su estatus migratorio. María Hernández Espinoza, una de las demandantes, vivía en Kern County desde hacía 20 años y alega que fue obligada a firmar documentos sin leerlos, lo que resultó en su deportación sin comparecer ante un juez.
La demanda también expone que los agentes instalaron retenes en carreteras y caminos cercanos a granjas, donde detuvieron a personas basándose en su apariencia. Incluso inmigrantes con estatus legal fueron arrestados arbitrariamente. En algunos casos, los agentes habrían usado violencia, dañando vehículos y arrojando al suelo a una mujer adulta mayor antes de liberarla tras verificar su residencia legal.
La UFW advierte que estos operativos no solo afectan a los inmigrantes, sino que también generan miedo y explotación en los campos agrícolas. Los demandantes, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), buscan justicia para quienes fueron detenidos sin justificación y forzados a aceptar una “salida voluntaria” sin conocer sus derechos.
El abogado Ajay Krishnan, uno de los representantes legales en la demanda, que también menciona al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), calificó las acciones como “inadmisibles”.
