La organización civil México Evalúa ha lanzado una dura advertencia sobre el estado del sistema de justicia penal en México, revelando que más del 93 por ciento de los delitos denunciados e investigados en el país terminan en impunidad. Este alarmante dato forma parte del reporte titulado “Hallazgos 2023: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal”, presentado en la Ciudad de México.
Según el informe, en 2022, el 93.6% de los delitos investigados no resultaron en condenas, con los estados de Oaxaca, Jalisco y Colima mostrando los índices más altos de impunidad, alcanzando cifras de 99.9%, 99.1% y 97.5% respectivamente. Los delitos que reportaron mayores tasas de impunidad incluyen la desaparición forzada (99.5%), extorsión (98.3%), fraude (97.2%) y homicidio doloso (96.8%).
El estudio también destaca las deficiencias del sistema de justicia, indicando que la sobrecarga en fiscalías y juzgados contribuye a errores procesales y defensas inadecuadas, lo que pone en riesgo el debido proceso. En 2023, cada fiscal atendió en promedio 310 carpetas de investigación, un incremento del 71% respecto al año anterior, mientras que los jueces penales promediaron 356 causas por persona.
En el contexto de la reforma judicial y la militarización de la justicia, la ONG ha expresado su preocupación por los posibles efectos negativos en las instituciones. Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, señaló que actualmente solo el 3.6% de las carpetas de investigación llegan a juicio, un problema relacionado con la falta de capacidades en las fiscalías.
Mariana Campos, directora general de la organización, enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones del sistema de justicia a través de capacitación y recursos adecuados, destacando que no se trata solo de aumentar la inversión, sino de redistribuirla de manera efectiva.
El informe también comparó la duración de los procesos penales, señalando que los acuerdos reparatorios se resuelven en un promedio de 214 días, mientras que los juicios orales pueden extenderse hasta 553 días. Este panorama plantea serias dudas sobre el acceso a una justicia pronta y expedita, especialmente con las elecciones de nuevos jueces, magistrados y ministros programadas para junio de 2025.
