La Cámara de Representantes aprobó el jueves un proyecto de ley que requeriría que las autoridades federales detengan a los inmigrantes que se encuentren en el país sin autorización y hayan sido acusados de robo.
Los republicanos han utilizado el reciente fallecimiento de una estudiante de enfermería de Georgia para criticar las políticas fronterizas del presidente Joe Biden justo antes de su discurso sobre el Estado de la Nación.
Tras el trágico asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería de la Universidad de Augusta, el mes pasado, mientras realizaba su rutina matutina, los republicanos rápidamente presentaron la “Ley Laken Riley” en la Cámara Baja para coincidir con el discurso de Biden.
El proyecto de ley, de nueve páginas, fue aprobado con facilidad con 251 votos a favor y 170 en contra; todos los republicanos y 37 demócratas votaron a favor.
Sin embargo, el proyecto de ley parece haber sido diseñado más para enviar un mensaje político que para ser promulgado como ley y tiene pocas posibilidades de ser aceptado por el Senado, donde los demócratas tienen la mayoría.
La muerte de Riley, de 22 años, ha sido un tema recurrente en los mítines de campaña de Donald Trump después de que las autoridades arrestaron a José Ibarra, un venezolano que ingresó ilegalmente a Estados Unidos y al que se le permitió permanecer en el país mientras seguía su proceso de inmigración, por cargos de asesinato y agresión.
La legislación también abriría la posibilidad de que los estados demanden al gobierno federal si pueden demostrar daños causados por inmigrantes que ingresan al país sin autorización.
Esta iniciativa formaba parte de un esfuerzo más amplio de los republicanos para desacreditar a los migrantes indocumentados y asociarlos con crímenes violentos.
Sin embargo, no hay pruebas sólidas de que los inmigrantes sean más propensos a cometer delitos violentos en general. Varios estudios han demostrado que los inmigrantes tienen tasas de criminalidad más bajas que los ciudadanos estadounidenses nativos, aunque algunos grupos que abogan por políticas migratorias restrictivas cuestionan o desestiman estos hallazgos.
