Nueva York, 15 de abril de 2025 – Una jueza federal de distrito, Indira Talwani, dictaminó este lunes que la administración de Donald Trump no puede terminar de manera abrupta las protecciones contra la deportación para inmigrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua bajo el programa de permiso humanitario conocido como CHNV. La decisión representa un nuevo revés para los esfuerzos de Trump por implementar cambios radicales en el sistema migratorio de Estados Unidos.
El fallo responde a una demanda presentada por inmigrantes beneficiarios del programa y sus patrocinadores en el país, quienes argumentaron que la cancelación anticipada del parole humanitario, programada para el 24 de abril, causaría graves perjuicios a miles de personas. La jueza Talwani, designada por Barack Obama, determinó que el Gobierno no cumplió con los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo al intentar acortar el plazo de dos años originalmente otorgado a los beneficiarios.
“No hay justificación sustancial ni interés público en obligar a estas personas a abandonar el país o quedar en un estatus indocumentado antes del vencimiento de su permiso”, escribió Talwani en su decisión. La jueza subrayó que declarar ilegalmente presentes a cientos de miles de personas, privándolas de su capacidad para trabajar y mantenerse, va en contra del interés público.
El programa CHNV, implementado por la administración de Joe Biden, otorga permisos de permanencia temporal y autorización de trabajo a migrantes de estos cuatro países por razones humanitarias. En octubre de 2024, el Gobierno de Biden decidió no renovar los beneficios una vez que expiraran los dos años, pero Talwani aclaró que las protecciones deben mantenerse hasta su vencimiento natural, salvo una revisión individual de cada caso.
El Gobierno defendió la suspensión como una medida temporal para reforzar verificaciones de seguridad, argumentando que el parole humanitario es una facultad discrecional. Sin embargo, la jueza rechazó esta postura, señalando la falta de fundamentos legales para una terminación masiva.
Anwen Hughes, abogada de Human Rights First y representante de los demandantes, expresó alivio por el fallo: “Esta decisión protege a quienes llegaron a EE.UU. cumpliendo con todos los requisitos y vivían con el temor de perder su estatus legal y permisos de trabajo”.
El Departamento de Justicia no ha emitido comentarios sobre la resolución. Mientras tanto, las manifestaciones contra las políticas migratorias de Trump continúan en el bajo Manhattan, donde activistas exigen un trato justo para los inmigrantes.
Imágen cortesía: Semana.com
