11 de abril de 2025
Un juez federal dio luz verde este jueves al gobierno del presidente Donald Trump para implementar un registro obligatorio dirigido a todas las personas indocumentadas en Estados Unidos, una medida que ha generado controversia por su potencial impacto en millones de inmigrantes y que entrará en vigor a partir de este viernes.
El fallo del magistrado Trevor Neil McFadden, emitido tras una demanda presentada por grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, respalda la iniciativa anunciada en febrero por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Según el DHS, los indocumentados que no se registren o no porten la documentación correspondiente podrían enfrentar multas e incluso penas de prisión.
La medida obliga a todas las personas mayores de 14 años sin estatus migratorio legal a registrarse ante las autoridades, proporcionando datos como huellas dactilares y dirección. En el caso de menores de edad, la responsabilidad recae en sus padres o tutores legales. El proceso se realizará a través de una plataforma en el sitio web de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), aunque las autoridades han aclarado que el registro no otorga estatus migratorio, autorización de empleo ni ningún otro beneficio.
Polémica y críticas
Organizaciones que se opusieron a la medida en los tribunales argumentaron que su verdadero propósito es facilitar las deportaciones masivas prometidas por el presidente Trump, quien ha señalado a todos los indocumentados como objetivo, incluidos aquellos sin antecedentes penales graves. Los demandantes también cuestionaron la falta de un proceso de notificación pública más amplio antes de su implementación y destacaron el impacto que tendrá en familias y trabajadores que contribuyen a la economía estadounidense.
Abogados consultados por Univision Noticias han comparado la medida con políticas históricas que estigmatizaron a ciertos grupos, señalando que, aunque el registro de extranjeros está contemplado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), nunca se había aplicado de manera generalizada debido a sus implicaciones. “Es como poner a los inmigrantes como los nuevos judíos”, afirmó un experto cuando se anunció la medida.
Antecedentes históricos
El requisito de registro tiene sus raíces en la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, creada en un contexto de temor hacia los inmigrantes durante la Segunda Guerra Mundial, y en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Sin embargo, su aplicación ha sido excepcional. Un ejemplo fue el programa posterior al 11 de septiembre de 2001, que obligó a hombres de países mayoritariamente árabes o musulmanes a registrarse, resultando en más de 13,000 deportaciones sin condenas por terrorismo. Dicho programa fue suspendido en 2011 y eliminado en 2016.
El gobierno de Trump defiende que el registro es un requisito ya existente en la ley y que ahora simplemente se aplicará de manera universal. En un comunicado, el DHS instó a los indocumentados a registrarse o abandonar el país voluntariamente, sugiriendo que hacerlo podría abrirles la puerta a regresar legalmente en el futuro.
Un nuevo capítulo en la política migratoria
Esta medida se suma a las acciones del gobierno de Trump para intensificar la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. Mientras las autoridades avanzan con el registro, la incertidumbre crece entre las comunidades migrantes, que temen ser blanco de una política que, según críticos, busca criminalizar su presencia en el país.
Para más información sobre el proceso de registro, las autoridades han habilitado la página https://www.uscis.gov/alienregistration.
Imágen cortesía: La Silla Rota
