En los últimos seis años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) enfrentó un significativo revés en los tribunales: más del 84.8% del dinero que había congelado fue liberado por el Poder Judicial. Esto equivale a la pérdida de más de 37 mil 434 millones de pesos que habían sido asegurados en investigaciones contra presuntos involucrados en lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Las personas afectadas por el congelamiento de sus cuentas acudieron al Poder Judicial, donde utilizaron la conocida “jurisprudencia Medina Mora” para recuperar sus recursos. Este mecanismo legal ha permitido a los acusados revertir las acciones de la UIF con relativa facilidad, lo que ha generado críticas y un debate sobre la efectividad de las medidas para combatir delitos financieros.
La situación podría agravarse a partir de 2025 debido a una reciente decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta determinación establece que tanto presuntos integrantes de cárteles de la droga como cualquier persona señalada por vínculos con lavado de dinero tendrán mayores facilidades para recuperar sus cuentas bancarias. Según expertos, este fallo podría hacer que la liberación de fondos congelados sea aún más rápida y menos sujeta a controles estrictos.
La UIF, considerada una de las principales herramientas del gobierno para combatir la corrupción y el crimen organizado, enfrenta ahora un panorama incierto. Mientras sus acciones son desafiadas con éxito en los tribunales, críticos y analistas alertan sobre el impacto de estas decisiones judiciales en los esfuerzos por desmantelar redes de financiamiento ilícito en el país.
Con el fallo de la SCJN, el próximo gobierno enfrentará el reto de fortalecer los mecanismos legales y operativos de la UIF para asegurar que sus investigaciones sean más robustas y puedan resistir los embates judiciales. La liberación exprés de cuentas bancarias plantea dudas sobre la efectividad de las estrategias actuales para combatir el lavado de dinero y garantizar la justicia en México.
Imágen cortesía: El País