El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, muestra disposición para desmantelar el sistema de asilo y dejar de lado sus compromisos de campaña con el fin de asegurar el respaldo de los republicanos a un gasto extraordinario de más de 60 mil millones de dólares destinados a financiar la guerra en Ucrania.
Durante las negociaciones con senadores del partido opositor, se han propuesto medidas restrictivas, como la reanudación de expulsiones inmediatas en la frontera y la ampliación de la capacidad gubernamental para deportar a migrantes, según fuentes cercanas a las discusiones informaron a EFE.
Aunque la Casa Blanca no ha confirmado estas filtraciones, un portavoz del Gobierno señaló que Biden está “abierto a compromisos” si se logran reunir los apoyos necesarios.
La falta de fondos aprobados previamente por el Congreso para Ucrania llevó a la inclusión de más financiamiento para “seguridad fronteriza”. Los republicanos tomaron el control de las negociaciones y solicitaron restricciones adicionales a la migración y el asilo como condición para su respaldo.
En lugar de rechazar estas demandas, la Casa Blanca intensificó su influencia, enviando funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional al Congreso. Sin embargo, numerosos legisladores demócratas, incluyendo a Dick Durbin, el segundo del Senado, y miembros del caucus hispano de la Cámara de Representantes, han rechazado firmemente el intercambio propuesto por la Administración.
Expertos en migración y organizaciones defensoras de los derechos humanos han señalado que las propuestas en consideración, especialmente la reanudación de deportaciones inmediatas, podrían desmantelar el sistema de asilo en EE.UU., al cual recurre la mayoría de las personas que cruzan la frontera.
La posible revival de prácticas como el Título 42, que estuvo en vigor hasta mayo de este año, ha generado preocupaciones sobre la conformidad de estas acciones con el derecho internacional. Esta restricción, implementada durante la administración de Trump bajo el pretexto de la pandemia, resultó en más de 1,8 millones de devoluciones de migrantes entre 2020 y 2021, inflando las cifras de detenciones en la frontera.
Las propuestas que limitan el derecho a buscar asilo, según expertos, podrían llevar a consecuencias fatales para quienes buscan refugio debido a crisis políticas y económicas en países como Venezuela, Nicaragua y Ecuador. La Administración de Biden enfrenta tensiones internas entre los funcionarios que comprenden la importancia del asilo en los derechos humanos y aquellos que temen repercusiones electorales en 2024 debido al flujo diario de migrantes a la frontera.
