La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha negado el acceso al asilo a numerosas familias mexicanas, incluso asegurando que el asilo “ya no existe en EE.UU.”, según un informe revelado por Human Rights Watch (HRW). Este informe denuncia que las recientes prácticas de los agentes de CBP contravienen las leyes de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.
El reporte de HRW, que se basa en entrevistas realizadas en octubre de 2024 a 40 familias mexicanas, documenta cómo las autoridades estadounidenses impidieron que los solicitantes de asilo accedieran al proceso legal correspondiente, a pesar de las amenazas de violencia a las que estaban expuestos en su país de origen.
En junio de 2024, la administración del presidente Joe Biden implementó nuevas restricciones al asilo en la frontera sur, como parte de un esfuerzo para reducir el flujo migratorio. Estas restricciones han sido ampliamente criticadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que señalan que la política no solo ha dificultado el acceso al asilo, sino que también ha incrementado el riesgo de violencia para aquellos que buscan protección en EE.UU.
De acuerdo con Vicki B. Gaubeca, directora asociada de políticas fronterizas e inmigración de HRW, los agentes de CBP no solo desestimaron las solicitudes de asilo, sino que también intimidaron a los solicitantes para que se mantuvieran en silencio, afirmando, en algunos casos, que “el asilo ya no existe en Estados Unidos”. A pesar de que muchos de los entrevistados expresaron su intención de solicitar asilo debido a amenazas directas a su vida o seguridad, solo dos familias fueron referidas a un funcionario de asilo para iniciar el proceso. De esas dos familias, solo una tuvo una audiencia ante un juez de inmigración.
El informe también revela que, de las 40 personas entrevistadas, 29 indicaron haber sido ignoradas por los agentes de CBP después de manifestar que enfrentaban graves amenazas en su país natal. Después de ser detenidas durante varios días, todas las familias fueron finalmente deportadas a Nogales, México, sin tener la oportunidad de presentar su caso ante un tribunal.
HRW subraya que, bajo las leyes de EE.UU. y el derecho internacional, las personas que enfrentan amenazas inminentes y extremas a su vida o seguridad deberían poder acceder al proceso de solicitud de asilo. La organización advierte que las prácticas actuales en la frontera no solo son una violación de estas normativas, sino que también exponen a los solicitantes a un riesgo adicional al ser devueltos a situaciones de peligro.
La situación ha generado un amplio rechazo entre defensores de derechos humanos, quienes piden a la administración Biden que reconsidere las restricciones impuestas y que se adhiera a los principios fundamentales de protección internacional para los migrantes y solicitantes de asilo.
A medida que las políticas migratorias de EE.UU. continúan evolucionando, la preocupación por la seguridad de aquellos que buscan refugio en el país se mantiene en el centro del debate. La respuesta del gobierno ante las acusaciones de violación de derechos humanos será clave para determinar el rumbo de la política de asilo en los próximos años.
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