Grupos de defensa de los inmigrantes han presentado una demanda contra el estado de Florida por la reciente aprobación de la ley SB 4-C, que autoriza el arresto de indocumentados y establece sanciones penales para aquellos que ingresen o reingresen al estado sin permiso. La querella fue presentada el miércoles en un tribunal federal del Distrito Sur de Florida y cuestiona la constitucionalidad de la ley, argumentando que vulnera la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos al usurpar la autoridad federal sobre las leyes migratorias.
La ley SB 4-C, firmada el pasado 13 de febrero por el gobernador Ron DeSantis, criminaliza el “ingreso ilegal” o el “reingreso ilegal” de migrantes a Florida, imponiendo penas de encarcelamiento obligatorias para aquellos que entren o regresen al estado sabiendo que no cuentan con autorización federal. Según los grupos demandantes, la ley pone en riesgo incluso a aquellos que buscan un alivio migratorio, como el asilo, y afecta gravemente a los inmigrantes con procesos legales pendientes.
Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida, calificó la ley como un acto que “despoja de poder al gobierno federal” y otorga autoridad a funcionarios estatales sin la capacitación ni la jurisdicción necesaria para tratar temas migratorios. Además, advirtió que la legislación amenaza con separar familias y detener a personas que tienen el derecho legal de estar en el país.
La demanda fue presentada en nombre de varias organizaciones, como la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y la Coalición de Inmigrantes de Florida, así como migrantes que se verían directamente afectados por la ley, incluyendo residentes de larga data con trámites migratorios en curso o familiares ciudadanos estadounidenses que dependen de ellos.
Los demandantes han solicitado al tribunal que frene la implementación de la ley para evitar más daños a las comunidades migrantes en el estado. Hannah Steinberg, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, subrayó que la ley no solo es “inconstitucional”, sino también “cruel y peligrosa”, enfatizando el impacto negativo que tendría en las vidas de miles de inmigrantes en Florida.
