Washington, D.C. – 20 de marzo de 2025
El gobierno del expresidente Donald Trump ha deportado a cientos de inmigrantes bajo la justificación de que son miembros de pandillas, pero sin proporcionar evidencia que respalde esas afirmaciones. La administración ha invocado una autoridad de guerra poco utilizada para acelerar las deportaciones, argumentando que los sospechosos representan una “extraordinaria amenaza” para la seguridad nacional.
Sin embargo, funcionarios gubernamentales se han negado a revelar las identidades de los deportados o pruebas concretas de su presunta afiliación con pandillas violentas. Esta falta de transparencia ha generado críticas por parte de activistas y familiares, quienes denuncian que el proceso ha sido confuso y ha provocado la desaparición de personas que, según ellos, no tienen vínculos con el crimen organizado.
En una conferencia de prensa el miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la postura del gobierno al afirmar que no se compartirían “detalles operativos sobre una operación contra el terrorismo”. No obstante, reiteró la confianza de la administración en los agentes de ICE encargados de las deportaciones.
A pesar de la negativa a divulgar información sobre los deportados, Leavitt destacó la captura en México de Francisco Javier Román-Bardales, presunto líder de la pandilla MS-13, quien será extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos relacionados con terrorismo.
Mientras tanto, las familias de los inmigrantes deportados continúan exigiendo respuestas, denunciando que la falta de pruebas y el secretismo gubernamental podrían estar afectando a personas sin antecedentes criminales.
Imágen cortesía: El Faro
