Washington, 11 de abril de 2025
En una controvertida medida migratoria, el gobierno del presidente Donald Trump ha clasificado como fallecidos a más de 6 mil migrantes vivos, cancelando sus números de Seguro Social con el objetivo de limitar su acceso a servicios básicos y presionar su “autodeportación”, según revelaron dos fuentes familiarizadas con el plan a la agencia AP.
La estrategia, que aún no ha sido detallada públicamente, consiste en trasladar los nombres y números de Seguro Social de estos migrantes —obtenidos legalmente— a una base de datos federal utilizada para registrar a personas fallecidas. Esta acción dificulta significativamente su capacidad para trabajar, usar servicios bancarios o acceder a beneficios, dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad que, según funcionarios, los incentivaría a abandonar Estados Unidos voluntariamente.
La medida se enmarca en los esfuerzos de la administración Trump para revertir programas migratorios implementados por el expresidente Joe Biden, enfocándose particularmente en aquellos que ingresaron al país de manera temporal a través de iniciativas como la aplicación CBP One. Este programa permitió a más de 900 mil migrantes permanecer en EE.UU. por dos años con permisos de trabajo, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó el lunes el estatus legal de quienes utilizaron esta vía.
Aunque no está claro cómo se seleccionó a los 6 mil migrantes afectados, las fuentes indican que la Casa Blanca ha apuntado a beneficiarios de los programas de Biden. La Administración del Seguro Social, que gestiona una base de datos con más de 142 millones de registros de fallecidos desde 1899, no ha emitido comentarios al respecto.
Resistencias legales y críticas
La decisión ha generado fuertes críticas y acciones legales. Este jueves, una jueza federal prohibió al gobierno ordenar la salida de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos con estatus legal temporal antes de fin de mes. Además, Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, anunció que su organización planea presentar una demanda una vez se conozcan más detalles, acusando al presidente Trump de violar la ley y abusar de los sistemas de control gubernamentales. “Este presidente continúa participando en un comportamiento ilegal”, afirmó Perryman.
Por otro lado, un acuerdo firmado esta semana entre el DHS y el Departamento del Tesoro permitirá al Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartir datos fiscales de migrantes con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para facilitar deportaciones. La comisionada interina del IRS, Melanie Krause, renunció tras la firma de este convenio, en aparente desacuerdo con la medida.
Contexto de restricciones
La maniobra se suma a otras acciones recientes del gobierno, como el intento de un equipo liderado por el empresario Elon Musk para acceder a datos personales del Seguro Social, iniciativa que fue bloqueada temporalmente por un juez federal el mes pasado. Estas políticas reflejan un endurecimiento de las medidas contra los migrantes, en especial contra aquellos que ingresaron al país bajo amparos temporales.
La clasificación de migrantes vivos como fallecidos representa un nuevo capítulo en las tensiones migratorias en EE.UU., generando incertidumbre sobre el futuro de miles de personas y encendiendo el debate sobre los límites legales y éticos de las políticas migratorias.
Imágen cortesía: El País
