Una jueza federal emitió este martes un fallo que representa un respiro legal para cerca de 100 migrantes venezolanos detenidos en Colorado, al bloquear temporalmente su deportación a El Salvador. La decisión judicial, impulsada por una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), obliga al Gobierno de Estados Unidos a ofrecer audiencias justas a dos de los migrantes antes de considerar su expulsión.
La resolución de la jueza Charlotte N. Sweeney ordena que los dos hombres venezolanos, de 25 y 32 años, permanezcan en Colorado y no sean trasladados sin antes tener acceso a una revisión judicial y a asistencia legal comprensible en su idioma. El fallo afecta directamente los planes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de reubicar a más de un centenar de venezolanos detenidos en el centro de detención privado GEO en Aurora, al este de Denver.
“Por primera vez en meses podemos respirar aliviados”, expresó Laura Lunn, abogada de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, quien celebró la decisión como una victoria para el derecho al debido proceso. “Nuestra comunidad ha sido atacada de manera desproporcionada”, añadió, denunciando la incertidumbre constante que enfrentan las familias migrantes en la región.
Durante la audiencia, representantes del Gobierno argumentaron que el dictamen podría limitar la capacidad federal para hacer cumplir la ley migratoria. Sin embargo, la jueza desestimó esta postura al considerar que los inmigrantes “corren el riesgo de ser deportados, quizás injustamente”, y que podrían sufrir “daños irreparables” si son enviados a un país con el que no tienen vínculos legales ni de nacionalidad.
Según documentos judiciales, los dos venezolanos llegaron al país cruzando la frontera con México en Texas hace algunos años, como parte de un flujo migratorio de aproximadamente 40 mil venezolanos que, entre 2022 y 2024, se asentaron en Colorado.
El fallo no concede asilo ni ordena su liberación, pero establece que el Gobierno debe garantizar procedimientos judiciales básicos antes de ejecutar cualquier traslado. Asimismo, la jueza cuestionó el uso potencial de leyes de excepción como la Ley de Enemigos Extranjeros, aunque el Gobierno negó estar recurriendo a ese recurso en este caso.
El dictamen se interpreta como un paso importante en la defensa de los derechos de los migrantes, en un contexto nacional marcado por tensiones políticas en torno a la política migratoria y la gestión de los centros de detención privados.
Mientras tanto, la incertidumbre continúa para cientos de migrantes, pero con esta medida cautelar, al menos por ahora, prevalece el principio del debido proceso.
