Entre las nuevas tarifas, el Formulario I-130 para peticiones de familiares extranjeros, de los actuales $535 subre a $630, un incremento de $140 (equivalente al 26% de aumento). Activistas advierten que si el servicio de inmigraciñon no mejora el servicio con los nuevos precios, se sentirán defraudados.
Dicen que no están de acuerdo. Así reaccionaron activistas de derechos de los inmigrantes ante la entrada en vigor, el lunes 1 de abril, de las nuevas tarifas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
Es el primer incremento “desde 2016”, señala la agencia. Y precisa que los nuevos precios le permitirán “cobrar sus costos operacionales de manera más completa y hace posible el procesamiento oportuno de las nuevas solicitudes”.
Pero ninguna explicación es suficiente para las organizaciones.
“Me parece que no es necesario” aplicar nuevas tarifas a los inmigrantes, dice María Bilbao, una activista del American Friends Service Committee (AFSC) en Mami, Florida. “Las tarifas actuales le cuesta mucho a las personas pagarlas, imagínese que va a suceder con los nuevos precios”.
Bilbao dice además que, a pesar de los nuevos precios, “no han garantía de que el servicio vaya a ser mejorado. Nunca ha sido algo que aumenten las tarifas y mejoren el sistema, Es un desastre. Siempre hemos visto que aumentan y el servicio no mejora”.
Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Washington DC, dice que las organizaciones “esperamos que con los nuevos pecios la USCIS mejore el servicio y también las demoras”.
A la fecha, la agencia tiene acumulados más de 10 millones de solicitudes. “El asunto de los precios es algo complicado”, dice el activista. USCIS no recibe dinero del presupuesto, su trabajo lo hace con lo que pagan los inmigrantes. Así es que, por eso deben ajustar los precios. Pero esperamos que con las nuevas cuotas se apuren. Y si no lo hacen, entonces la población inmigrante va a sentirse defraudada y nosotros cuestionaremos por qué subieron las tarifas siendo que no mejoraron el servicio”.
De acuerdo con la regla final anunciada en enero, con las nuevas tarifas el Formulario I-129 (petición para trabajador no inmigrante), que actualmente tiene un costo de $320, costará a partir del 1 de abril $780, un incremento del 70%. A su vez, el trámite del Formulario I-90, que se utiliza para pedir un reemplazo de la tarjeta de residencia permanente (green card), que actualmente cuesta $455, tendrá un costo de $415, equivalente a un 9% menos.
En cuanto a la petición de ciudadanía por naturalización, trámite que se lleva a cabo a través del Formulario N-400, la regla final señala que de los $640 actuales tendrá un incremento a $710, equivalente al 11%. A su vez , el pago para el registro de una visa H-1B para trabajadores profesionales extranjeros experimentará un incremento de $10 actuales a $205 a partir del lunes 1 de abril, equivalente a un 2,050% de incremento.
USCIS reitera que la regla final con las nuevas tarifas anunciada en enero es el resultado de una “revisión exhaustiva” de precios, “como se requiere por ley, y es resultado de una notificación de propuesta de reglamentación presentada en enero de 2023”.
Agrega que la revisión de tarifas concluyó que el programa actual de tarifas “no es suficiente para recuperar el costo total de las operaciones de la agencia, incluidos la expansión necesaria de los programas humanitarios, los aumentos salariales exigidos por el gobierno federal, los requisitos adicionales de personal y otras inversiones esenciales”.
En enero del año pasado la agencia federal, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo que “las nuevas tarifas permitirían recuperar completamente los costos operativos, restablecer y mantener el procesamiento oportuno de casos y prevenir la acumulación de los atrasados”.
También precisó que recibe aproximadamente “el 96% de sus fondos de las tarifas de presentación, no de las asignaciones por parte del Congreso”.