La política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a impactar directamente en el acceso a la educación de menores indocumentados, con diversas iniciativas estatales que buscan restringir su acceso a las escuelas públicas.
Trump autorizó redadas migratorias en espacios previamente protegidos, como escuelas e iglesias, lo que ha generado controversia y reacciones encontradas en distintos estados. En Denver, autoridades han presentado una demanda para evitar que estas acciones afecten a sus distritos escolares. Sin embargo, en otros estados, los legisladores buscan medidas en sentido contrario.
En Tennessee, legisladores republicanos han propuesto que los distritos escolares locales tengan la facultad de negar la matrícula a menores sin estatus legal. Aunque el gobernador Bill Lee aún no ha revisado la propuesta, firmó una ley que otorga ayuda económica para el acceso a escuelas privadas, excluyendo a quienes no puedan demostrar su estatus migratorio.
Indiana también ha impulsado un proyecto similar, permitiendo a las escuelas rechazar estudiantes indocumentados y estableciendo que el fiscal general del estado defienda legalmente a los distritos escolares ante posibles demandas. Además, este plan exige que las instituciones educativas reporten el número de alumnos sin documentos, su asistencia, si reciben clases en inglés y cuántos profesores imparten enseñanza bilingüe.
Por su parte, Texas ha presentado un proyecto de ley que obligaría a los distritos escolares a contabilizar a los estudiantes indocumentados desde el próximo ciclo escolar. Con estos datos, el estado buscaría exigir al Gobierno federal el reembolso del costo anual de la educación de estos menores.
Estas iniciativas han generado un intenso debate sobre los derechos de los menores indocumentados y el papel de los estados en la regulación del acceso a la educación pública, en un contexto de creciente endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.
