San Salvador, 9 de abril de 2025.- El gobierno de El Salvador asegura que trabaja de manera coordinada con Estados Unidos, compartiendo inteligencia detallada sobre presuntos pandilleros buscados, antes de solicitar su deportación. Según el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, el proceso es selectivo: “No es al azar, señalamos específicamente a quién queremos”. Esta colaboración se enmarca en la estrategia antipandillas impulsada por el presidente Nayib Bukele, con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) como eje central.
Recientemente, la administración de Donald Trump deportó a más de 270 hombres a El Salvador, acusados de pertenecer a la pandilla MS-13 o al grupo venezolano Tren de Aragua. Sin embargo, el caso de Kilmar Armando Abrego García, un trabajador metalúrgico de Maryland y padre de tres hijos, ha levantado críticas. Deportado por un “error administrativo”, según admitieron autoridades estadounidenses, Abrego García fue enviado al CECOT pese a una orden judicial de 2019 que lo protegía de la expulsión por amenazas de muerte contra su familia.
La administración Trump lo señala como miembro de MS-13, pero sus abogados y seres queridos rechazan esta acusación. Su esposa, Jennifer Vásquez Sura, expresó su angustia: “Mis hijos preguntan todos los días cuándo volverá papá”. El equipo legal denuncia falta de transparencia y evidencia sólida por parte de El Salvador, calificando las acusaciones de “vagas” y exigiendo respeto al debido proceso.
Villatoro, sin referirse a casos específicos, explicó que los deportados enviados al sistema penitenciario son aquellos con antecedentes penales pendientes en el país. “Revisamos a todos los que llegan en los vuelos de deportación y, si estamos seguros de su vínculo con pandillas, los detenemos”, afirmó, destacando que el historial criminal es determinante.
El CECOT, la prisión más grande de América Latina con capacidad para 40,000 reclusos, alberga tanto a condenados como a procesados bajo el estado de emergencia vigente, que suspende derechos constitucionales. Aunque Bukele ha reconocido detenciones erróneas en el pasado, con miles de liberados, la población carcelaria crece. El director del centro, Belarmino García, reportó un aumento significativo de reclusos, acercándose al límite, mientras Villatoro adelantó planes para ampliar la prisión o construir otra similar.
El caso de Abrego García sigue en disputa: la Corte Suprema de EE.UU. pausó temporalmente su regreso, tras una solicitud de Trump, dando más tiempo para revisar una deportación que ha puesto bajo escrutinio la cooperación entre ambos países.
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