Durante la administración de Donald Trump, la política migratoria ha dejado de ser competencia exclusiva de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En su lugar, prácticamente todos los departamentos importantes del gobierno han adoptado un papel activo en la aplicación de normas de extranjería.
Los departamentos de Estado, Defensa y Justicia han hecho de la inmigración una prioridad en su trabajo y discursos públicos. Incluso entidades como el Departamento del Tesoro y el Departamento de Salud y Servicios Humanos han estado involucradas en medidas que afectan a los migrantes.
El enfoque del gobierno en la restricción migratoria se intensificó aún más esta semana, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que busca eliminar beneficios federales para las personas que residen ilegalmente en EE.UU. La medida refuerza la visión de su administración de combatir la inmigración con un enfoque de gobierno completo, alineando diversas agencias para limitar el acceso a servicios y endurecer la aplicación de las leyes migratorias.
Con este panorama, se espera que el papel de estos departamentos en temas migratorios continúe creciendo, ampliando el alcance de las políticas de Trump más allá de las agencias tradicionalmente encargadas de la seguridad fronteriza.
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