El Gobierno de Donald Trump ha suspendido el uso de aviones militares para deportar migrantes indocumentados a la base de Guantánamo o a sus países de origen debido al elevado costo de estos operativos, según reportó este miércoles The Wall Street Journal.
Detalles de la suspensión
Fuentes del Departamento de Defensa de Estados Unidos señalaron que el último vuelo militar con fines de deportación se realizó el 1 de marzo, sin más programados a corto plazo. La medida podría extenderse o volverse permanente, aunque, según el informe, el Gobierno de Trump buscaba “enviar un mensaje” de mano dura contra la migración irregular.
Desde que asumió la presidencia el 20 de enero, Trump implementó una campaña de deportaciones masivas que, según las autoridades, se enfocaba en migrantes con antecedentes criminales. Durante esta operación, se ha llegado a detener a casi mil personas en un solo día, con el propósito de su posterior expulsión.
Costos elevados de los vuelos
Según el informe, el Gobierno ha utilizado aviones militares C-17 y C-130 en casi 50 vuelos de deportación hacia Guantánamo, varios países de Latinoamérica e incluso India, en rutas que en algunos casos evitaban el espacio aéreo mexicano, prolongando los trayectos.
El reporte cita tres vuelos hacia India, cada uno con un costo de 3 millones de dólares, y varios vuelos a Guantánamo que transportaban solo una decena de personas a un costo de 20.000 dólares por persona, cifras considerablemente superiores a las de los vuelos comerciales utilizados habitualmente para estas operaciones.
Un vuelo estándar de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) cuesta aproximadamente 8.500 dólares por hora, mientras que un vuelo internacional eleva el costo a 17.000 dólares por hora. En contraste, el uso de un avión militar C-17 puede alcanzar los 28.500 dólares por hora, lo que ha generado preocupación sobre la viabilidad económica de estos operativos.
Resistencia de otros países
Algunos gobiernos, como el de México, han negado la entrada de aviones militares estadounidenses y, en su lugar, han enviado sus propios aviones para repatriar a sus ciudadanos. En otros casos, han llegado a acuerdos con EE.UU. para que las deportaciones se realicen a través de vuelos comerciales, minimizando los costos y la controversia asociada al uso de aeronaves militares.
Con esta suspensión, el Gobierno de Trump deberá buscar nuevas estrategias para continuar con su política migratoria, en un contexto donde la presión internacional y las limitaciones presupuestarias juegan un papel clave.
