Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano a la presidencia, ha presentado una demanda contra el Departamento de Justicia por 100 millones de dólares. La demanda, presentada bajo la Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA), argumenta que la redada realizada en su residencia de Mar-a-Lago en agosto de 2022 para confiscar documentos clasificados es inconstitucional y fue diseñada para dañar su reputación.
Trump alega que la redada y el posterior registro de su propiedad reflejan una “clara intencionalidad de persecución política” en su contra. La investigación federal, dirigida por el fiscal especial Jack Smith, se centró en la retención ilegal de documentos confidenciales de la Casa Blanca por parte del expresidente.
El 15 de julio pasado, la jueza de Florida Aileen Cannon, quien fue nominada por Trump durante su presidencia, desestimó el caso. La jueza argumentó que la designación de Smith como fiscal especial podría violar la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos. Este fallo está actualmente en proceso de apelación.
La demanda presentada la semana pasada califica el registro del FBI en Mar-a-Lago como una “conducta tortuosa” por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta acción se enmarca en la investigación más amplia sobre la retención indebida de documentos confidenciales por parte del expresidente.
