El presidente electo Donald Trump ha encendido un debate nacional al anunciar su intención de firmar, el primer día de su mandato, una orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía automática otorgada a los hijos de indocumentados. Este tema, que afecta directamente a la comunidad inmigrante, ha generado incertidumbre y preocupación entre millones de familias.
En una reciente entrevista con NBC News, Trump confirmó sus planes, haciendo referencia directa a la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, la cual garantiza la ciudadanía por nacimiento a cualquier persona nacida en territorio estadounidense. Sus declaraciones han reavivado la controversia sobre los derechos constitucionales y el alcance del poder ejecutivo.
Un cambio constitucional complicado, pero no imposible
De acuerdo con expertos en inmigración, las aspiraciones de Trump enfrentan enormes obstáculos legales. El abogado de inmigración Mauricio García explica que, aunque el presidente tiene poder para emitir órdenes ejecutivas, modificar una enmienda constitucional requiere un proceso complejo.
“Para poder cambiar la Constitución, es necesario aprobar una enmienda adicional. Esto requiere una supermayoría en el Congreso, es decir, dos tercios de los votos en ambas cámaras, y posteriormente la aprobación de al menos 38 de los 50 estados”, señala García. Este procedimiento, diseñado para proteger la estabilidad constitucional, hace que cambios de esta magnitud sean extremadamente raros en la historia de Estados Unidos.
Además, cualquier intento de eliminar la ciudadanía automática probablemente enfrentaría desafíos legales inmediatos en los tribunales, lo que podría retrasar o incluso detener su implementación.
Preocupación en la comunidad inmigrante
La noticia ha puesto en alerta a millones de familias, muchas de las cuales temen por el impacto que esto podría tener en sus hijos. Organizaciones pro derechos de los inmigrantes han llamado a la calma, argumentando que un cambio de esta naturaleza sería largo y enfrentaría una resistencia significativa tanto en el Congreso como en los tribunales.
Por ahora, la comunidad y los expertos coinciden en que, aunque las declaraciones de Trump generan incertidumbre, el camino para modificar derechos constitucionales es un desafío que requerirá más que una orden ejecutiva para concretarse.
Imágen cortesía: BBC
