Cuatro grupos de defensa que prestan servicios jurídicos a solicitantes de asilo afirmaron que están viendo sus casos denegados después de que el centro privado les impidió recibir asistencia legal y aceleró sus procesos.
Una coalición de grupos de derechos humanos criticó de nuevo el martes a un centro privado de detención de inmigrantes de Nuevo México en el que, afirmaron, se llevan a cabo sistemáticamente entrevistas aceleradas de asilo sin asistencia legal ni la privacidad adecuada durante testimonios delicados.
Los grupos de derechos humanos indicaron que las deficiencias del sistema de selección del centro de detención del condado de Torrance significan que los inmigrantes con solicitudes de asilo sólidas y viables –que no pueden regresar a su país debido persecuciones o amenazas de tortura– están siendo excluidos de forma inadecuada y puestos en deportación, en un momento en que el Gobierno de Biden pretende imponer severas limitaciones a los inmigrantes que esperan obtener asilo en la frontera.
La denuncia y el reporte con conclusiones expuestas a lo largo de 187 páginas fueron presentados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y tres grupos de defensa que prestan servicios jurídicos a solicitantes de asilo. Las organizaciones instaron al Gobierno estadounidense a poner fin a su contrato con la empresa privada que gestiona el centro, supervisado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). El informe también catalogó las denuncias de represalias contra migrantes que plantean objeciones a los procedimientos de asilo y a las condiciones de vida en el lugar.
El informe tienen lugar aproximadamente un año después de que el inmigrante brasileño Kesley Vial se suicidara durante su detención en el centro del condado de Torrance. El joven, de 23 años, tenía previsto ser deportado cuando se quitó la vida.
