Este lunes, Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización civil “Defensorxs”, presentó una denuncia formal ante las autoridades electorales contra las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, acusándolas de realizar actos anticipados de campaña y participar en actividades proselitistas.
Meza afirmó que las ministras han estado promoviendo sus aspiraciones a cargos públicos a través de redes sociales, eventos públicos y medios de comunicación, lo que consideró una violación a la equidad en la contienda electoral. Según el denunciante, las ministras han aprovechado su cercanía con el partido político Morena y su posición dentro de la SCJN para hacer llamados al voto, un comportamiento que no estaría permitido en esta etapa del proceso electoral.
“Se están aventajando de su posición y su cercanía con Morena para posicionarse y llamar al voto cuando todos los demás candidatos no pueden hacerlo”, indicó Meza durante la presentación de la denuncia.
El presidente de “Defensorxs” también destacó que las publicaciones en redes sociales de las ministras incluyen frases que podrían interpretarse como lemas de campaña. Entre ellos, mencionó los siguientes: “Loretta Ortiz, la ministra de los trabajadores”; “Lenia Batres, la ministra del pueblo”; y “Yasmín Esquivel, justicia de puertas abiertas”, lo que a su juicio constituye una clara violación a las normas electorales.
Meza subrayó que, según la legislación electoral, las campañas de los candidatos oficialmente comienzan hasta el 30 de marzo, mientras que los Comités de Evaluación aún están en proceso de revisar a los aspirantes. Por ello, invitó a los ciudadanos a observar la legalidad de estas actividades y a cuestionar las acciones de las ministras.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en caso de comprobarse la infracción, las ministras podrían enfrentarse a sanciones que incluyen una multa de hasta 500 mil pesos o incluso la pérdida de su candidatura.
Este caso ha generado un amplio debate sobre la imparcialidad y la legalidad en el proceso electoral, así como sobre el papel de los funcionarios públicos en momentos previos al arranque oficial de las campañas. Las autoridades electorales aún no se han pronunciado sobre la denuncia presentada, pero el caso sigue de cerca la atención de los medios y actores políticos.
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