Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han llevado ante una corte federal de Estados Unidos la orden ejecutiva del presidente Joe Biden, la cual restringe de manera significativa las solicitudes de asilo en la frontera con México, argumentando que es inconsistente con la ley que la regula.
Esta orden, en efecto desde el 4 de junio, faculta a las autoridades estadounidenses para deportar a aquellos que no cumplan con rigurosos criterios de asilo cuando se supera el umbral de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.
La demanda, liderada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), sostiene que esta regulación “es claramente inconsistente con la ley de asilo promulgada por el Congreso, que permite a los inmigrantes presentar solicitudes de asilo ‘ya sea que ingresen o no’ por un puerto de entrada”.
Además, los demandantes advierten que esta medida también crea obstáculos “potencialmente insuperables” para que los migrantes busquen otras formas de protección, según declaró la ACLU en un comunicado. Los defensores de los migrantes han asegurado que esta nueva orden recuerda a la anterior prohibición de asilo impuesta por la Administración de Donald Trump en 2018, la cual fue rechazada en los tribunales.
Los demandantes afirman que esta restricción efectivamente cerrará “cualquier acceso a la protección de asilo para la gran mayoría de las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, sin importar la solidez de sus reclamos”, comentó el abogado Lee Gelernt, directivo de la ACLU.
Gelernt subrayó que la Administración Biden “carece de autoridad unilateral para anular la ley del Congreso y prohibir el asilo basándose en el método de ingreso al país, un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la administración Trump intentó una prohibición casi idéntica sin éxito”.
Melissa Crow, del Centro de Estudios de Género y Refugiados, quien también participa en la demanda, expresó en un comunicado que la orden “agrava el caos en nuestra frontera sur, socava el trabajo crucial de los grupos de ayuda humanitaria y legal y resultará en deportaciones injustas de refugiados a países donde enfrentan persecución y tortura”.
El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) y el bufete de abogados Jenner & Block LLP también están involucrados en la demanda, presentada en una corte federal de Washington, en nombre del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAÍCES).
La demanda solicita al tribunal que detenga la implementación de la medida. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, declaró a ABC el domingo pasado que está preparado para defender la orden emitida en los tribunales.
“No se trata solo de asegurar la frontera, tenemos la obligación humanitaria de proteger a las personas vulnerables de ser presa de los traficantes abusivos”, señaló el secretario.
