Grupos defensores de los derechos civiles han entablado una demanda contra el estado de Oklahoma con el objetivo de detener la ejecución de una nueva ley estatal que permite a la policía arrestar a migrantes que no puedan probar su estatus legal en Estados Unidos.
La legislación, promulgada a finales de abril por el gobernador republicano Kevin Stitt, establece el delito de “ocupación inadmisible”, lo que permite a cualquier ciudadano denunciar a migrantes por “presencia ilegal” basándose en “declaraciones supuestas”.
Esta disposición, que entrará en vigencia el 1 de julio, otorga a las fuerzas del orden la autoridad para detener a sospechosos hasta que puedan demostrar su derecho legal a residir en el país. Además, permite a los agentes preguntar sobre el estatus migratorio durante interacciones de rutina, como paradas de tráfico o investigaciones.
La demanda, liderada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y su filial de Oklahoma, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y el bufete de abogados Rivas & Associates, argumenta que la ley es inconstitucional.
“La HB 4156 es una de las leyes antimigrantes más extremas jamás aprobadas por un estado. Las autoridades y los tribunales locales no tienen la experiencia ni la autoridad constitucional para interpretar y aplicar las leyes de inmigración”, declaró Tamya Cox-Toure, directora de la ACLU de Oklahoma.
Con la aprobación de esta ley, Oklahoma se une a otros estados republicanos que han promulgado diversas leyes antimigrantes.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) también presentó una demanda contra Oklahoma para impugnar la ley antimigrante.
“Presentamos esta acción para asegurar que Oklahoma cumpla con la Constitución y el marco establecido por el Congreso de EE. UU. para la regulación de la inmigración”, expresó Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del DOJ.
Tanto el DOJ como grupos como la ACLU están librando diversas batallas legales para detener la implementación de medidas que interfieran con la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.
