A cambio del dinero, los criminales buscaban que el eventual gobierno de AMLO facilitara sus operaciones y realizara nombramientos a modo.
El Cártel de Sinaloa aportó 2 millones de dólares para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador de 2006, coinciden dos reportajes publicados este martes por Propublica y DW.
A cambio del dinero, los criminales buscaban que el eventual gobierno de AMLO facilitara sus operaciones y realizara nombramientos a modo.
Los trabajos independientes, firmados por Anabel Hernández y Tim Golden, coinciden en que el gobierno de Estados Unidos investigó el tema con testigos protegidos y diversas indagatorias en ambos lados de la frontera, incluyendo una operación encubierta para contactar con personajes
Los reportes apuntan que Nicolás Mollinedo, exchofer de López Obrador, y Mauricio Soto, actual miembro del congreso nacional de Morena, recibieron el dinero y se comprometieron a hacer realidad las exigencias del crimen organizado.
La publicación de Anabel Hernández afirma que Andrés Manuel López Obrador habló por teléfono con Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie” para agradecerle el apoyo.
Tim Golden escribió que la investigación no concluyó si López Obrador conoció las donaciones reportadas por los traficantes, aunque sí hay evidencia de que “uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto”.
LA INVESTIGACIÓN
El vínculo entre criminales y allegados a López Obrador se formó en una reunión en Puerto Vallarta, en enero de 2006.
El encuentro supuestamente fue convocado por Francisco León García, un empresario minero de Durango que se postuló al Senado con la alianza de López Obrador, y quien tenía contacto con Sergio Villarreal, cabecilla del cártel de Los Beltrán Leyva.
El reporte de DW afirma que León y otro empresario acudieron con el apoyo y conocimiento de López Obrador; en ese encuentro se acordó que “a cambio de una inyección de efectivo la campaña prometió que un futuro gobierno de López Obrador seleccionaría funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ayudaran a los traficantes”.
Según estas versiones, se hicieron tres entregas de dinero en una casa de la colonia Polanco, donde Mollinedo y Soto Caballero tenían una oficina.
La investigación apunta que el dinero fue entregado por Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leyva, quien posteriormente se entregó a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y se convirtió en testigo protegido.
Las versiones apuntan que el gobierno de Estados Unidos comenzó a investigar el tema; después de superar barreras políticas internas lograron armar una operación encubierta en la que el testigo protegido contactó a Soto, uno de los allegados de AMLO que supuestamente participó en las reuniones.
Los agentes encubiertos lograron involucrarlo en un esquema para traficar cocaína, por lo que al ser descubierto Soto no tuvo otra opción que convertirse también en testigo protegido.
Soto dijo a los agentes que el dinero del crimen organizado fue entregado a Mollinedo, el exchofer de AMLO.
Después de diversas barreras internas, la DEA consiguió el aval para realizar una investigación encubierta en México. Agentes entrenaron a Soto para hablar con Mollinedo con un aparato para grabar la conversación.
Según las fuentes citadas, en una conversación Mollinedo reconoció que sabía de las entregas de dinero de 2006, aunque Soto no lo “presionó” para dar más elementos.
Mollinedo dijo a Propublica que no manejó dinero en efectivo durante esa campaña presidencial.
Los reportes coinciden en que la investigación se canceló por falta de apoyo en las altas esferas del gobierno de Estados Unidos, que no quería intervenir en los comicios presidenciales de 2012 y que recibía críticas continuas por el fracaso de la operación Rápido y Furioso.
