Un avión con más de 135 inmigrantes de diversas nacionalidades aterrizó en Costa Rica tras ser deportados desde Estados Unidos. Los indocumentados fueron trasladados a un albergue en la frontera con Panamá, donde permanecerán bajo custodia policial sin posibilidad de salir.
El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, reconoció que la llegada de estos migrantes es parte de un acuerdo con el gobierno estadounidense para evitar la imposición de aranceles a su país. Aunque no se han dado detalles específicos sobre el pacto, la decisión ha generado críticas y preocupaciones entre defensores de derechos humanos y sectores políticos.
La medida plantea interrogantes sobre el futuro de estos migrantes y el papel de Costa Rica en la crisis migratoria regional. Mientras algunos ven en este acuerdo una estrategia pragmática para proteger la economía costarricense, otros advierten sobre el riesgo de convertir al país en un “depósito” de personas deportadas sin garantías claras sobre su situación legal y humanitaria.
Las autoridades aún no han informado cuánto tiempo permanecerán los migrantes en el albergue ni qué ocurrirá con ellos a largo plazo. Entretanto, la política migratoria de Estados Unidos sigue impactando a países de la región, que se ven obligados a lidiar con las consecuencias de estas deportaciones masivas.
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