La reciente reforma a la Constitución de la Ciudad de México, que entró en vigor el lunes, ha desatado un intenso debate en redes sociales y generado críticas por parte de analistas y periodistas. La modificación, que afecta el Artículo 3°, ha sido objeto de controversia debido a sus posibles implicaciones para la propiedad privada en la capital del país.
¿Qué Se Reformó?
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó el decreto que modifica el Artículo 3° de la Constitución local, modificando el texto original que afirmaba el “respeto a la propiedad privada”. El nuevo texto establece que “La Ciudad de México asume como principios la propiedad en los mismos términos del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Esta reforma, aprobada por unanimidad a finales de agosto, originalmente proponía incluir el “respeto a la propiedad privada, pública y social”. Sin embargo, el cambio final se realizó tras las críticas del Partido Acción Nacional (PAN), que argumentó que la propuesta inicial buscaba “desaparecer” la propiedad privada en la capital.
El diputado panista Diego Garrido explicó en un video en X que, gracias a la intervención del PAN, se logró preservar el respeto a la propiedad privada en términos del Artículo 27 de la Constitución federal, evitando una modificación más radical que priorizara otros tipos de propiedad.
El Artículo 27 de la Constitución de México establece que la propiedad de tierras y aguas dentro del territorio nacional corresponde al Estado, el cual puede ceder el dominio a particulares, constituyendo así la propiedad privada. Esta disposición ha sido una piedra angular en la legislación mexicana desde la Revolución.
Batres, al presentar el decreto, afirmó que la reforma busca recuperar las nociones de propiedad originaria de la Nación y permitir al Estado imponer modalidades a la propiedad privada en función del interés público. Sin embargo, esta declaración ha suscitado preocupaciones entre los ciudadanos que temen que la reforma amplíe la capacidad del Estado para expropiar bienes.
En resumen, mientras la reforma busca ajustar los principios de propiedad a los estándares federales, la controversia continúa en torno a sus posibles implicaciones para la propiedad privada y el papel del Estado en la Ciudad de México.
