En un nuevo episodio que intensifica las tensiones entre la Casa Blanca y la prensa, la agencia Associated Press (AP) denunció este lunes que fue excluida de un evento oficial del presidente Donald Trump, a pesar de una orden judicial que exigía restablecer su acceso.
El incidente ocurrió durante una reunión en el Despacho Oval entre el mandatario estadounidense y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Según AP, tanto su reportero asignado como un fotógrafo fueron impedidos de ingresar al acto, en contravención de lo dispuesto por el juez federal Trevor McFadden, quien la semana pasada ordenó levantar las restricciones impuestas al medio.
Desde febrero, la administración Trump mantiene un veto informal sobre los periodistas de AP, en represalia por el uso persistente del término “Golfo de México” en sus despachos, en lugar de la denominación “Golfo de América” que ha promovido la actual administración como parte de un giro discursivo en su política nacionalista.
La Casa Blanca, por su parte, argumentó que la orden judicial aún no es vinculante, ya que ha sido apelada y se encuentra a la espera de revisión por parte de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, que ha convocado una audiencia para este jueves.
Aunque AP conserva acceso a ciertos eventos públicos y participa regularmente en las conferencias de prensa encabezadas por la portavoz Karoline Leavitt, sigue excluida de actividades clave, como las comparecencias diarias de Trump en el Despacho Oval y los viajes en el Air Force One, lo que limita su capacidad de cubrir directamente la actividad presidencial.
En su defensa, la agencia ha subrayado que el término “Golfo de México” responde a estándares de precisión geográfica e históricos, conforme a su guía de estilo periodístico. Argumenta que la denominación ha sido utilizada por más de cuatro siglos y refleja una realidad geopolítica ampliamente reconocida.
El juez McFadden sostuvo en su fallo que el gobierno no puede negar a un medio su derecho a informar basándose en criterios editoriales, señalando que la Primera Enmienda de la Constitución protege expresamente la libertad de expresión y de prensa.
Este conflicto se suma a una larga serie de roces entre la Casa Blanca y medios de comunicación durante la presidencia de Trump, alimentando el debate sobre el respeto a la prensa libre en el corazón de la democracia estadounidense.