Australia marcó un hito en la regulación digital al aprobar una nueva ley que prohíbe el uso de redes sociales a los menores de 16 años. La legislación, que obtuvo el respaldo mayoritario en la Cámara y el Senado, tiene como objetivo principal proteger la salud mental y física de los menores, quienes se enfrentan cada vez más a los riesgos asociados con el uso de estas plataformas.
La ley establece que las empresas de redes sociales deberán implementar sistemas de verificación de edad más estrictos, bajo pena de severas sanciones económicas en caso de incumplimiento. Además, los padres podrían enfrentar multas si se demuestra que permitieron el acceso de sus hijos menores de la edad permitida a estas plataformas.
El gobierno australiano destacó que la medida responde a la creciente preocupación por el impacto negativo de las redes sociales en los jóvenes, incluido el aumento de casos de ansiedad, depresión y ciberacoso. “Esta legislación busca proteger a nuestros niños en un momento crucial de su desarrollo. Las redes sociales pueden ser herramientas útiles, pero también representan un peligro significativo si no se regulan adecuadamente”, afirmó el ministro de Comunicaciones, Mark Dutton.
Aunque la decisión ha sido celebrada por algunos padres de familia y grupos defensores de la infancia, también ha generado debate. Joan Cwaik, experto en tecnología, advirtió sobre las posibles implicaciones de la ley en la socialización digital de los jóvenes. “Las redes sociales no solo son un espacio de ocio, sino también un lugar donde los adolescentes construyen relaciones y desarrollan habilidades importantes. Prohibirlas puede generar un aislamiento mayor si no se ofrecen alternativas efectivas”, señaló.
Organizaciones de derechos digitales también expresaron su preocupación, argumentando que la ley podría ser difícil de implementar y que existe el riesgo de que los menores encuentren formas de evadir las restricciones.
Mientras Australia avanza con esta medida pionera, otros países observan con atención su implementación y efectos. El debate sobre el balance entre la protección infantil y el derecho a la conectividad promete intensificarse en los próximos meses.
Imágen cortesía: El Sol de México
