La medida se somete este martes a una votación final legislativa, tras un veto de la gobernadora demócrata en marzo. Si se aprueba, los votantes decidirían en las elecciones de noviembre si la medida se convierte en ley.
Arizona se dispone a tipificar como delito estatal el cruce de su frontera con México por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada, en una votación legislativa pactada para este martes. Si se aprueba, los votantes decidirían en noviembre si la medida se convierte en ley.
La medida, cuya votación está prevista en la Cámara de Representantes de Arizona, permitiría a la policía estatal y local detener a las personas que crucen la frontera sin autorización. También facultaría a los jueces estatales para ordenar a las personas condenadas por este delito que regresen a su país de origen.
La propuesta es similar a una ley de Texas que ha sido suspendida por un tribunal federal de apelaciones mientras se impugna. El Senado de Arizona aprobó la medida por 16 votos a favor y 13 en contra. En caso de salir airosa en la Cámara de Representantes, pasaría por alto a la gobernadora demócrata Katie Hobbs, que ya vetó una similar a principios de marzo, y se enviaría a las urnas el 5 de noviembre.
Aunque la ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de inmigrantes en Estados Unidos, los defensores de la medida dicen que es necesaria porque el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para impedir que la gente cruce ilegalmente por la vasta y porosa frontera de Arizona con México. También afirman que algunas personas que entran en el estado sin autorización cometen robos de identidad y se aprovechan de las prestaciones públicas.
Los opositores afirman que la propuesta conduciría inevitablemente a la elaboración de perfiles raciales por parte de la policía y cargaría al estado con nuevos costos de las agencias de aplicación de la ley que no tienen experiencia con la ley de inmigración, además de dañar la reputación de Arizona en el mundo de los negocios.
Mientras que los partidarios de la medida minimizaron las preocupaciones sobre los perfiles raciales, al aseverar que los agentes locales todavía tendrían que desarrollar una causa probable para detener a las personas que entran en el estado, lejos de los puertos de entrada.
Los partidarios también afirman que la medida se centra sólo en la región fronteriza del estado y —a diferencia de la histórica ley de inmigración de 2010 de Arizona — no se dirige a las personas en todo el estado. Los opositores señalan que la propuesta no contiene ninguna limitación geográfica sobre dónde se puede aplicar dentro del territorio estatal.
La propuesta de votación contiene otras disposiciones que no están incluidas en la medida de Texas y no están directamente relacionadas con la inmigración. Entre ellas figuran la tipificación como delito punible con hasta 10 años de prisión de la venta de fentanilo que provoque la muerte de una persona, y el requisito para que las agencias gubernamentales que administran programas de prestaciones utilicen una base de datos federal para verificar que un no ciudadano tiene derecho a recibir prestaciones.
Advirtiendo sobre los posibles costos legales, los opositores señalaron la prohibición de contrabando de inmigrantes de Arizona de 2005, utilizada por el entonces sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, para llevar a cabo 20 patrullas de tráfico a gran escala dirigidas contra inmigrantes. Esto condujo a un veredicto en 2013 por perfil racial y a unos costos legales y de cumplimiento financiados por los contribuyentes que ahora ascienden a 265 millones de dólares y se espera que alcancen los 314 millones de dólares en julio de 2025.
