Una controvertida propuesta legislativa está avanzando en el Legislativo de Arizona, la cual otorgaría a los rancheros que poseen tierras en la frontera con México el derecho a usar la fuerza letal contra migrantes que crucen sus propiedades, sin enfrentar consecuencias legales.
El proyecto de ley (HB-2842), respaldado por legisladores republicanos, tiene como objetivo expandir la llamada ‘Doctrina del Castillo’ del estado, que permite a las personas utilizar fuerza mortal contra aquellos que ingresan a sus hogares con la intención de causar daño.
El legislador republicano estatal Justin Heap explicó ante la legislatura estatal que su propuesta ampliaría esta ley para eliminar lo que él considera como tecnicismos.
Heap argumentó que estos cambios son necesarios debido al aumento del cruce de migrantes indocumentados a través de los ranchos en la frontera, lo que, según él, deja a los rancheros vulnerables.
Actualmente, la ley solo protege a una persona si utiliza fuerza letal dentro de su hogar o lugar de residencia, pero al cambiar la palabra “hogar” por “propiedad”, los rancheros tendrían una mayor cobertura legal, incluyendo los terrenos alejados de su vivienda principal.
Esta propuesta surge en un momento en que se espera que comience en Arizona un juicio contra el ranchero George Allan Kelly, de 73 años, quien enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por haber disparado y matado a Gabriel Cuén Buitimea, un mexicano que cruzaba por sus terrenos cerca de Nogales en 2023.
De ser aprobada, esta legislación eximiría de cargos a los rancheros que empleen la fuerza letal contra migrantes dentro de sus propiedades si sienten que representan una amenaza para ellos o sus familias.
Los legisladores demócratas han criticado enérgicamente esta medida, argumentando que busca legalizar la discriminación racial y pone en riesgo la vida de muchas personas.
Los rancheros en Arizona han expresado su preocupación, afirmando que sus tierras son constantemente utilizadas como rutas de tráfico humano y de drogas hacia Estados Unidos.
La propuesta ya ha sido aprobada por la Cámara Baja y ahora se encuentra en proceso de revisión por el Senado estatal.
