Las Comisiones del Trabajo y Previsión Social, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda han respaldado un proyecto destinado a salvaguardar los derechos laborales de los deportistas profesionales, al mismo tiempo que busca establecer la paridad salarial entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo.
Este dictamen, derivado de diversas propuestas presentadas por distintos Grupos Parlamentarios, busca reformar la Ley Federal del Trabajo con el propósito de mejorar las condiciones laborales de los deportistas profesionales. La finalidad es permitirles ejercer sus derechos de manera libre e independiente, sin importar la industria deportiva en la que presten sus servicios.
En virtud de esta iniciativa, se establece que cualquier disposición que imponga salarios base diferentes para trabajos iguales, basados en origen étnico o nacional, género, sexo, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, opiniones, estado civil u otros criterios que afecten la dignidad humana, será considerada contraria al principio de igualdad salarial. Su objetivo es prevenir la anulación o menoscabo de los derechos y libertades de los deportistas profesionales.
En resumen, se propone un salario base común para mujeres y hombres, y las variaciones en los salarios finales se vincularán a la experiencia en el deporte profesional, así como a las ganancias generadas por la persona en beneficio de la empresa que la emplea, además de la categoría de eventos o funciones y de los equipos involucrados.
El artículo segundo transitorio especifica que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, deberá formular y publicar, en un plazo de 180 días a partir de la promulgación del Decreto, la política salarial y el salario base.
Este proyecto, aprobado por los legisladores, obliga a los empleadores a inscribir y contribuir a la seguridad social de los deportistas profesionales, incluyendo aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda. También establece la obligación de organizar y mantener un servicio médico privado especializado para los deportistas profesionales, adaptado a los requisitos de la disciplina deportiva que practiquen y con una perspectiva de género.
