El fracaso de las conversaciones a puertas cerradas entre funcionarios de la Casa Blanca y senadores demócratas y republicanos para reparar la crisis en la frontera sur ha puesto en aprietos a la administración de Biden en medio de la campaña de reelección.
Tras el fracaso de la votación en el Senado del plan bipartidista migratorio para la frontera, la Casa Blanca busca salidas para atender una crisis que, sin dudas, afecta la campaña de reelección del presidente Joe Biden.
Tras el retiro del apoyo republicano el martes a un plan que asignada más de $20,300 millones para la frontera, el gobierno de Biden de inmediato inició la búsqueda de planes alternos para contener una crisis que en los últimos tres años ha agotado la capacidad de respuesta de los departamentos y agencias que participan en el proceso migratorio.
Pero las opciones se reducen, por ahora, al uso de la capacidad ejecutiva del presidente, un camino incierto que, en caso de ser utilizado, se expone a demandas en los tribunales de justicia, un escenario escabroso al que fue enfrentado el expresidente Donald Trump quien, tras promulgar severos decretos y prohibiciones migratorias en el marco de su política de tolerancia cero, fue acusado de “caprichoso” y “arbitrario”.
El principal argumento empleado por quienes se opusieron a la política migratoria del exmandatario fue que la Casa Blanca de aquel entonces violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) que regula el poder ejecutivo. La legislación estipula que, antes de proceder a un cambio de regla, primero la nueva norma debe ser publicada en el Registro Federal y abrir un espacio para el comentario público.
Transcurrido ese tiempo, el gobierno debe tomar las recomendaciones del público e incluirlas en una regla final que también debe ser publicada en el Registro Federal antes de que ésta entre en vigor. Este fue el principal error cometido por Trump y que Biden deberá evitar si utiliza la misma vía para cambiar, entre otras, la política de asilo para reducir el cruce ilegal de extranjeros por la frontera sur.
El miércoles, la cadena NBC reportó la Casa Blanca estaría considerando tomar medidas ejecutivas para disuadir y frenar la llegada de extranjeros a la frontera sur en busca de asilo.
Citando a dos funcionarios de la Administración Biden, el medio dijo que el uso del poder ejecutivo presidencial es en respuesta al fracaso de las negociaciones bipartidistas en el Senado el martes, que tras meses de negociaciones a puertas cerradas entre la Casa Blanca, demócratas y republicanos habían redactado un proyecto de ley que permitiría a Biden contratar miles de agentes para la seguridad de las fronteras, unos 4,300 agentes de asilo del servicio de inmigración, crear 100 tribunales de inmigración y aumentar la capacidad de camas en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), entre otros.
Univision Noticias preguntó a la Casa Blanca si confirmaba o negaba la versión de NBC. Un portavoz, por medio de un correo electrónico, respondió que “la Administración pasó meses negociando de buena fe para presentar el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza más estricto y justo en décadas porque necesitamos que el Congreso realice reformas políticas significativas y proporcione fondos adicionales para asegurar nuestra frontera”.
“Esta semana, los republicanos del Congreso optaron por anteponer la política partidista a nuestra seguridad nacional y votaron en contra de lo que los agentes fronterizos han dicho que necesitan”, agregó. “Ninguna acción regulatoria lograría lo que el acuerdo bipartidista de seguridad nacional habría permitido para la seguridad fronteriza y el sistema de inmigración en general”, concluyó.
