La Confederación Patronal mexicana dice que el cierre en Eagle Pass y El Paso cuesta $100 millones diarios.
Un importante grupo empresarial mexicano dijo el miércoles que la decisión de Estados Unidos de cerrar temporalmente dos cruces ferroviarios fronterizos hacia Texas está costando $100 millones de dólares diarios en retrasos de envíos.
La Confederación Patronal de la República Mexicana pidió el miércoles a Estados Unidos que ponga fin al cierre de los cruces ferroviarios hacia Eagle Pass y El Paso, Texas, que comenzó el lunes, coincidentemente cuando el gobernador de Texas Greg Abbott firmó la ley SB4, conocida como ley antimigrante.
“Hacemos un enérgico pero respetuoso llamado a las autoridades mexicanas y estadounidenses para abordar la crisis migratoria sin afectar los flujos de mercancías, ya que esta medida sólo genera perjuicios para la economía de ambas naciones”, decía el pronunciamiento del gremio.
México recibe por ferrocarril desde Estados Unidos gran parte del maíz y los productos de soja que necesita para alimentar al ganado. El flujo de autopartes por un lado y automóviles por otro también suele ir de un país al otro en trenes.
Según la patronal, los cierres “representan el fracaso de la política migratoria”.
Los cruces irregulares en la frontera entre México y Estados Unidos superaron los 10,000 algunos días de diciembre, según las autoridades estadounidenses, un nivel anormalmente alto.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense dijo el domingo que la decisión se tomó “con el fin de redirigir al personal para ayudar a la Patrulla Fronteriza a poner bajo custodia a los migrantes”.
Funcionarios estadounidenses agregaron que era en respuesta a que los migrantes viajan subidos en trenes de carga a través de México y llegan hasta la frontera por esa vía.
El paso fronterizo de Lukeville, Arizona, está cerrado, al igual que una entrada peatonal en San Diego, California, para poder asignar más funcionarios a la afluencia de migrantes.
Sin embargo, para la patronal mexicana la medida no estuvo exenta de un matiz político. “En la atención y resolución a la crisis de la migración no pueden caber los cálculos político-electorales, pues eso daña a ambas sociedades, pone en riesgo vidas humanas y frena el desarrollo económico de los dos países”, dijo.
