Washington, 21 de abril de 2025 – El presidente Donald Trump, en su primer día de su segundo mandato, declaró una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos y ordenó a los secretarios de Defensa, Pete Hegseth, y de Seguridad Nacional, Kristi Noem, presentar en 90 días un informe sobre la situación en la zona y la posible necesidad de medidas adicionales, incluyendo la invocación de la Ley de Insurrección de 1807.
La Ley de Insurrección permite al presidente desplegar Fuerzas Armadas dentro del país para reprimir rebeliones, disturbios o situaciones donde las leyes federales no puedan aplicarse por medios judiciales ordinarios. Esta legislación, originada entre 1792 y 1871, otorga al presidente un amplio poder para decidir cuándo y cómo usar militares en territorio nacional, lo que ha generado críticas por su vaguedad y riesgo de abuso.
La ley contempla tres escenarios principales: la Sección 251 permite el uso de tropas federales a solicitud de un estado frente a una insurrección; la Sección 252 autoriza su despliegue para hacer cumplir leyes federales cuando los medios judiciales son insuficientes; y la Sección 253 permite intervenir contra insurrecciones o conspiraciones que obstaculicen las leyes federales o los derechos constitucionales. Esta última sección es especialmente ambigua, según expertos del Brennan Center for Justice, quienes advierten que podría usarse contra grupos pequeños que violen leyes federales.
La posible invocación de la ley genera preocupación entre expertos legales, quienes señalan que los bajos niveles de encuentros con migrantes en la frontera no justifican su uso. “Es difícil entender cómo los inmigrantes que ingresan ilegalmente obstruyen las leyes de manera que requieran intervención militar”, afirmó Tung Yin, profesor de la Facultad de Derecho Lewis y Clark, a Al Jazeera. Rosa Brooks, profesora de Derecho de Georgetown, advirtió que usar tropas para reprimir protestas pacíficas sería “sin precedentes y realmente impactante”.
Esta no es la primera vez que Trump considera la Ley de Insurrección. En 2020, durante las protestas por el asesinato de George Floyd, amenazó con invocarla, lo que generó tensiones con el entonces secretario de Defensa, Mark Esper, quien se opuso a militarizar la respuesta y fue despedido poco después.
La Ley de Insurrección no equivale a la ley marcial, que implica que los militares asuman funciones civiles, algo que no está contemplado en esta legislación. Sin embargo, su potencial uso en el contexto migratorio ha reavivado el debate sobre los límites del poder presidencial y el papel de las Fuerzas Armadas en asuntos civiles.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que está elaborando el informe solicitado por Trump, pero no ha proporcionado detalles sobre los planes. La decisión final podría enfrentar desafíos legales, como ha ocurrido con otras medidas de la administración Trump.
Imágen cortesía: CNN
