La confrontación entre el presidente Donald Trump y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que la Administración del republicano presentara una denuncia en su contra por supuestas irregularidades en documentos financieros y registros de propiedad.
La querella fue impulsada por William J. Pulte, actual director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas, quien dirigió una carta al Departamento de Justicia señalando que James habría falsificado documentos para obtener préstamos con condiciones preferenciales, conducta que, de comprobarse, podría configurar delitos financieros federales.
Entre las acusaciones presentadas, se menciona la compra de una vivienda en el estado de Virginia en 2023. Según Pulte, en los documentos hipotecarios James declaró que sería su residencia principal, lo que contrasta con su obligación de residir en Nueva York como fiscal general. Este tipo de hipotecas, recordó el funcionario, ofrecen tasas de interés más bajas que aquellas para viviendas secundarias.
Asimismo, la denuncia incluye un presunto caso ocurrido en 2001, cuando James habría modificado la información de una propiedad ubicada en Brooklyn, reduciendo el número de unidades del inmueble de cinco a cuatro, supuestamente para calificar a un préstamo federal con mejores condiciones.
La carta enviada al Departamento de Justicia está acompañada de documentos que, según Pulte, respaldan sus afirmaciones, incluyendo un informe de 2024 que aún registra la propiedad de Brooklyn como ocupada por James.
Desde Nueva York, las reacciones no se hicieron esperar. Adrienne Adams, presidenta del Concejo Municipal, calificó la denuncia como parte de una ofensiva política por parte de Trump, asegurando que forma parte de su estrategia para desacreditar a la fiscal que en 2024 lo llevó a juicio por falsificación de activos, en un proceso que también involucró a sus hijos y a uno de sus empleados.
“Esto no es más que otro episodio en la guerra de Trump contra Nueva York”, señaló Adams, defendiendo la integridad de la fiscal James y asegurando que la denuncia tiene un trasfondo político más que legal.
El caso promete acaparar la atención nacional en los próximos días, mientras el Departamento de Justicia evalúa si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal.
