Washington, D.C., 14 de abril de 2025.- Una controvertida medida del gobierno de Donald Trump ha generado indignación al clasificar como “fallecidos” a aproximadamente 6,300 inmigrantes vivos en los registros de la Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos. Según un informe de Univision Noticias, los nombres y números de Seguro Social de estas personas, muchas de las cuales residen legalmente en el país, fueron trasladados al denominado ‘Archivo Maestro de Defunción’, una base de datos destinada a registrar a los fallecidos.
La maniobra, que ha sido calificada como un “asesinato digital” por críticos, tiene como objetivo despojar a los afectados de sus números de Seguro Social, dificultándoles el acceso a servicios esenciales como empleo legal, beneficios gubernamentales, servicios bancarios e incluso la inscripción de sus hijos en escuelas. “El gobierno está diciendo que tiene el derecho de declarar a alguien como muerto cuando no ha fallecido. ¿Dónde está la supervisión aquí?”, cuestionó Devin O’Connor, investigador del Center on Budget and Policy Priorities.
¿Quiénes son los afectados?
De acuerdo con un funcionario del gobierno, los inmigrantes señalados habrían sido identificados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como personas con estatus de ‘parole’ (permiso temporal) que, según el gobierno, figuran en listas de vigilancia de terroristas o tienen antecedentes penales en el FBI. Sin embargo, no se ha presentado evidencia pública que sustente estas acusaciones. Además, el 8 de abril, la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza notificó por escrito a los afectados la revocación de su estatus de ‘parole’, instándolos a “autodeportarse”.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han denunciado que muchos de los afectados son personas que ingresaron legalmente al país bajo programas de la administración de Joe Biden, como el uso de la aplicación CBP One, que permitía a ciertos migrantes solicitar asilo o permisos temporales.
Impacto de la medida
Perder un número de Seguro Social tiene consecuencias devastadoras. Sin este documento, los inmigrantes enfrentan barreras para trabajar legalmente, abrir cuentas bancarias, acceder a beneficios sociales o inscribir a sus hijos en escuelas. “Nunca antes se había añadido deliberadamente a personas vivas a las listas de defunciones”, afirmó O’Connor, quien advirtió que la medida carece de precedentes y podría derivar en errores graves.
Expertos también han expresado preocupación por el precedente que esta acción establece. Kathleen Romig, directora de política del Seguro Social en el Center on Budget and Policy Priorities, señaló que “si pueden hacerlo con un grupo, pueden hacerlo con cualquiera, por error o por malicia”. Martin O’Malley, exadministrador del Seguro Social, fue aún más contundente: “Ahora tenemos un Estado policial”, acusó, argumentando que la medida viola normas de privacidad destinadas a proteger datos personales.
Otras acciones contra inmigrantes
La maniobra del Seguro Social se suma a otras medidas recientes del gobierno de Trump. Esta semana, el DHS revocó el estatus legal de cientos de miles de inmigrantes que ingresaron al país a través de CBP One, quienes ahora enfrentan la presión de abandonar EE.UU. voluntariamente. Además, un acuerdo entre el DHS y el Departamento del Tesoro permitirá al Servicio de Rentas Internas (IRS) compartir datos fiscales de inmigrantes con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para facilitar deportaciones, una decisión que provocó la renuncia de la comisionada interina del IRS, Melanie Krause, y que expertos consideran una violación de las leyes de privacidad.
Reacciones y contexto
La Casa Blanca ha defendido estas acciones argumentando que buscan desincentivar la migración ilegal al eliminar beneficios económicos para los extranjeros. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Organizaciones de derechos humanos y analistas advierten que estas políticas no solo afectan a inmigrantes, sino que podrían sentar un peligroso precedente para cualquier ciudadano, al permitir al gobierno manipular registros oficiales sin supervisión adecuada.
En un contexto de creciente polarización sobre el tema migratorio, esta medida ha avivado el debate sobre el trato a las comunidades migrantes en EE.UU., especialmente en un momento en que líderes como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defienden la contribución de los inmigrantes mexicanos a la economía estadounidense, calificándolos de “héroes” por su trabajo en sectores clave.
La comunidad afectada, mientras tanto, enfrenta un futuro incierto, atrapada en un limbo administrativo que amenaza su estabilidad y derechos fundamentales.
Imágen cortesía: Independent
